Que los mejores sean quienes accedan a los puestos de trabajo en organismos del Estado (meritocracia) fue una de las promesas del presidente Álvaro Uribe durante su campaña a la Presidencia en 2002. Sin embargo, los concursos de méritos son cada vez más controvertidos porque tanto los ganadores como los perdedores presentan objeciones al sistema.
El Consejo Superior de la Judicatura adelanta un concurso para proveer cargos de jueces y magistrados. La Fiscalía, cierra el 15 de agosto la convocatoria para cargos administrativos y está pendiente la decisión frente al concurso de 2007 para proveer cargos de fiscales, fiscales delegados y asistentes de fiscal.
El resultado de ese concurso enfrentó a Asonal Judicial con la Fiscalía, por considerar que la forma de evaluación fue discriminatoria para sus afiliados. Esa es la razón por la cual se sostiene en su decisión de convocar a un paro indefinido de la rama judicial a partir del 3 de septiembre.
En el concurso participaron 29.300 personas, de las cuales 11.742 eran funcionarios de la Fiscalía. De ellos solo 4.697 sacaron el puntaje mínimo para obtener el cargo (60 puntos). Pese a que la Fiscalía aseguró que no serían removidos de sus cargos, Asonal considera que se está vulnerando el derecho al trabajo.
A ellos se suman 17.558 personas ajenas a la Fiscalía, como Mónica Quintero, una lectora de EL COLOMBIANO, que hizo parte de los 3.403 que obtuvieron el puntaje requerido para ingresar al organismo. Pero debido a la ley de provisionalidad, aprobada por el Congreso, su posibilidad de aspirar a un cargo en la Fiscalía podría ser un obstáculo.
La norma, que fue objetada por el presidente Uribe, establecía que los funcionarios que hubieran ingresado antes de 2004 a un cargo de provisionalidad en el DAS, la Dian, la Fiscalía y los docentes, deberían permanecer en sus puestos hasta pensionarse. Y los que ingresaron luego debían ganarse el cargo mediante concurso.
Mónica Quintero cuestiona esa norma. "La salida política además de ser ilegítima, toda vez que se traduce en clientelismo, es injusta, habida cuenta que defrauda los derechos y expectativas de muchos colombianos que atendimos la convocatoria sin contar con respaldo adicional a nuestros méritos, compitiendo en franca lid para obtener una oportunidad laboral de las pocas que ofrece nuestro país".
Exámenes universitarios
Tanto la Fiscalía como el Consejo Superior de la Judicatura señalan que los sistemas de selección son transparentes. Una muestra de ello es que las pruebas de conocimiento presentadas por los aspirantes son diseñadas por prestigiosos centros académicos del país.
Cada proceso de selección dura en promedio un año y son muy parecidos. Primero se hace una inscripción de aspirantes, a la que sigue una depuración de hojas de vida de acuerdo a los requisitos exigidos para los cargos, después una prueba académica y finaliza con una prueba específica (estudio de caso).
En el caso de la Fiscalía, las convocatorias de 2007 y 2008 contaron con el apoyo de la Comisión Europea y la Universidad Nacional es la encargada de realizar las pruebas escritas. El propósito de esa convocatoria, según Asonal, es proveer cargos para 755 fiscalías locales, 255 fiscalías seccionales y 77 fiscalías ante tribunales.
Para el concurso que adelanta el Consejo Superior de la Judicatura, se están afinando convenios con la Universidad Nacional y posiblemente con la Universidad Javeriana.
En Medellín, los procesos se realizan a través de la Universidad de Antioquia o la Universidad de Medellín. Se presentaron 24.500 personas que aspiran a 4.470 cargos de jueces y magistrados.
Quienes pasan el proceso de selección quedan incluidos en una lista de elegibles por un período de tres años, lo cual no quiere decir que sean vinculados de inmediato a la rama judicial.
"Se van llamando cuando se dan las vacantes. A veces una sola vacante genera cinco más porque una persona asciende y se van haciendo cambios. A veces no hay vacantes para el cargo al cual se aspiró y a pesar de estar en la lista de elegibles no se ingresa", explicó un vocero del Consejo Superior de la Judicatura.
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