La Procuraduría General de la Nación solicitó ante el Tribunal Superior de Bogotá dejar sin efecto el preacuerdo al que llegó el contratista Julio Gómez con la Fiscalía General, dentro del proceso que se sigue en el llamado "carrusel de la contratación".
El Ministerio Público estimó que el beneficio jurídico de Gómez tiene problemas como el tasado del peculado por apropiación porque el monto que Gómez se apropió ilegalmente de los anticipos del contrato de la fase III de Transmilenio y que equivaldría a 48 mil millones de pesos, y no de 297 millones como señaló en su momento la Fiscalía. Además se señala que no se ha reintegrado, ni el 50 por ciento de ese dinero.
"Para la Procuraduría es claro que al momento de avalarse el preacuerdo, se violaron los principios del debido proceso en su aspecto sustancial y procesal, y el principio de legalidad", señala el documento.
El Ministerio Público dice que la Fiscalía entregó a Gómez doble beneficio que permitió una amplia rebaja en su pena. Esto por cuanto la misma imputación de cargos al contratista habría sido "preacordada", incurriendo así en vicios de legalidad.
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