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La Corporación para la Paz y el Desarrollo Social (Corpades), apoyada por la Mesa de Derechos Humanos del Valle de Aburrá, la Corporación Casa Mía y otras organizaciones defensoras de derechos humanos, propuso este lunes un “pacto ciudadano e institucional por la convivencia y la seguridad en Medellín y el área metropolitana, en clave de derechos humanos y paz”.
Luis Fernando Quijano, presidente de Corpades, instó a la institucionalidad a que tome las riendas de la “tregua” que, según él, se presenta en el Valle de Aburrá entre las estructuras ilegales de La Oficina y Los Urabeños, de modo que la agenda de paz no la impongan los actores armados, sino el Estado.
“Que el pacto del fusil realizado el 14 de julio entre estas estructuras y sus bandas de Medellín y el área metropolitana se extienda hasta el 15 de diciembre de 2013. Esta sería la fase cero o tregua con verificación”, explicó.
Detalló que en la tregua se deben cumplir el derecho internacional humanitario y el respeto a los derechos humanos. En este sentido, propuso que se debe verificar que en el “conflicto armado, social y urbano que vive la ciudad” no se incluya a las comunidades y sus organizaciones y que no se involucre en el conflicto a familiares o allegados de sus protagonistas.
Otro punto de su propuesta es que se eliminen los feminicidios y el reclutamiento de menores de edad. Además, que se desmonte la “vacuna” o extorsión a los estratos uno, dos y tres y a los vendedores informales del centro de Medellín.
También, que se acaben la desaparición forzada y el desplazamiento forzado intraurbano, y que los delincuentes informen sobre cada una de las personas que han sido incineradas o descuartizadas y los puntos donde hay fosas comunes.
Adicionalmente, desmontar el denominado “pagadiario” y que el Estado garantice microcréditos para los estratos uno, dos y tres.
Otro compromiso de los ilegales, según Corpades, debe ser el de no vender droga a menores de 15 años y sacar las plazas de vicio de colegios y escuelas.
En su concepto, también deben “entregar las casas y predios arrebatados a miles de víctimas del despojo urbano y rural”.
“Disminución progresiva del control territorial, social, económico y militar por parte de las dos estructuras y sus más de 350 bandas que operan en el área metropolitana. Y retirar a los grupos especiales de choque de la Fuerza Pública y proceder al establecimiento de una Policía comunitaria para la paz y la seguridad ciudadana”, agregó.
Esto, de acuerdo con Quijano, implicará que las fronteras invisibles “se queden inactivas”.
Otro imperativo, en su concepto, es “erradicar la connivencia de miembros de la institucionalidad con el crimen organizado”.
“Corpades no plantea una solución final para acabar con el conflicto urbano, sino transformarlo de uno violento a uno social, donde la palabra sea valorada por los actores armados legales e ilegales. Tampoco planteamos acabar con las finanzas criminales (es el Estado el que se encarga), sino lograr mínimos acuerdos para la regulación del conflicto urbano, social y armado; es decir, humanizarlo”, explicó la corporación.
La idea de los defensores de derechos humanos es que el cumplimiento de estos compromisos sea verificado por la academia, organizaciones sociales, comunidad internacional, Cruz Roja Internacional y por los gobiernos de Medellín, área metropolitana, departamento y Nación.
Quijano sostuvo que las estructuras ilegales deberían poner un billón de pesos que, según él, ya tienen, para reparar integralmente a sus víctimas, monto al que, opinó, debería aportar también el Estado.
Corpades planteó “presentar un informe de seguimiento y verificación del pacto el 15 de diciembre de 2013. Les solicitamos a los actores armados ilegales que el primero de diciembre no se realice ninguna alborada mafiosa. Proponemos que el 15 de diciembre, si la tregua obtuvo los resultados esperados, se haga una fiesta de ciudad. Y si no funcionó, que lo declaremos día de luto y que cada ciudadano encienda una vela porque no fuimos capaces de dar un paso hacia la finalización del conflicto urbano, social y armado”.
Si la tregua es exitosa, precisó Corpades, habrá que “establecer las bases para el desmonte violento del conflicto social y urbano, a partir del primero de enero de 2014. Se activaría una discusión y negociación de todos los tópicos. En este escenario no se hablaría en el marco de ninguna desmovilización. Serían diálogos urbanos para la finalización del conflicto, en perspectiva de un sometimiento a la justicia con dignidad, pero sin impunidad”.
Esta ONG subrayó que la institucionalidad debe comprometerse. Que el Congreso, la Asamblea de Antioquia y el Concejo de Medellín nombren una comisión accidental para tratar el tema del “conflicto urbano, social y armado”.