Por siete votos contra dos, la Corte Constitucional respaldó los decretos mediante los cuales el Gobierno Nacional declaró la Emergencia Social y buscó frenar el caos social creado por las llamadas pirámides.
Según el presidente de la Corte, magistrado Nilson Pinilla, esa decisión fue adoptada tras analizar las razones propuestas por el Gobierno para recurrir a las facultades excepcionales que le da la Constitución al Primer Mandatario para decretar estados de excepción.
"La Corte encontró exequible la declaratoria de estado de emergencia social”, dijo Pinilla para quien se encontró “plenamente justificado y sustentado el que se hubiera procedido de esa manera".
“El Gobierno Nacional ha asumido la responsabilidad frente al país, buscar medidas precautelares para salvaguardar los recursos de quienes entregaron sus dineros a estos captadores”, dijo en su momento el ministro del Interior y de Justicia, Fabio Valencia Cossio al sustentar los decretos.
El pronuncimiento favorable se dio a la norma que faculta a los alcaldes para intervenir y cerrar oficinas de recaudo ilegal de dineros.
El aparte que no corrió la misma surte es el que permite sancionar disciplinariamente a los funcionarios públicos, entre ellos los militares y los policías que hubieran invertido dinero en captadoras ilegales de dinero.
Pinilla dijo que frente a las implicaciones que esta decisión trae, el Gobierno podrá continuar “desarrollando los decretos”.
De esta manera, la Corte cierra la puerta a las reclamaciones que los “ahorradores” de pirámides, como DMG, hicieran frente a la Corte, para exigir que se tumbara la norma con el ánimo de que David Murcia Guzmán fuera dejado en libertad, y que se bloqueara el cierre de esa misma “empresa”.
También, para que los funcionarios públicos que hayan sido sancionados o desvinculados de las entidades para las que trabajaban, por el sólo hecho de haber invertido en DMG, DRFE u otra captadora ilegal, puedan pensar en recurrir a vías judiciales para que les reintegren sus derechos.
