La Corte Constitucional impidió el desalojo de 26 familias afrodescendientes de Curvaradó, territorio colectivo ubicado en Belén de Bajirá, en Mutatá (Antioquia).
El fallo emitido el 17 de junio, se originó luego de que un juzgado de Riosucio (Chocó), ordenara la expulsión de casi 100 residentes, para beneficiar a la particular Claudia Ángela Argote.
"La decisión de desalojo afecta a la comunidad de Caracolí, la cual hace parte del Consejo Mayor Comunitario de la Cuenca del Río Curvaradó, víctimas del desplazamiento forzado", señaló el alto tribunal. Esta determinación ordena a Acción Social y a los Ministerios del Interior y de Defensa, adoptar medidas pertinentes para proteger los derechos de la población afectada por la orden de desalojo.
De la decisión deberán ser enterados Acnur, la Cruz Roja Internacional y el Consejo Noruego de Refugiados, para el debido seguimiento.
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