Mientras en la iglesia de Chía centenares de personas despedían con lágrimas al pequeño Luis Santiago Lozano, en los juzgados del pueblo su papá Orlando Pelayo y su compañera sentimental Martha Lucía Garzón asistían a la audiencia de imputación de cargos por su homicidio.
"Les pido a todos perdón. A la familia de Ivonne y a mi familia. Acepto ser el autor intelectual. Yo no le quité la vida al niño", afirmó Pelayo, quien según las autoridades planeó el crimen para no pagar la cuota alimentaria.
Él y su compañera estuvieron a punto de ser linchados por la comunidad durante la audiencia, que tuvo que ser suspendida para preservar el orden público.
El fiscal Mario Iguarán recordó que se pedirá una condena de 60 años de prisión para Pelayo. También solicitará que en cumplimiento de la Ley de Infancia y Adolescencia ni él ni los coautores del delito se beneficien con la reducción de penas.
Ya existe un antecedente: la condena a 47 años de prisión de Régulo Motta Mazabel, quien el 4 noviembre de 2007 ordenó el secuestro y posterior homicidio de su hija Mariana, de cuatro años, en San Gil, Santander. Con su muerte, quería evitar el pago de la cuota alimentaria.
Motta Mazabel y dos desmovilizados de las Auc ingresaron a la finca donde vivía la pequeña con su madre. Los asaltantes amordazaron a la mujer y se llevaron a Mariana. La niña apareció días después con tres heridas de arma blanca.
Para castigar con cadena perpetua a los responsables de secuestros, violaciones, homicidios y otros crímenes contra menores de 14 años fue radicado ayer en la Cámara de Representantes el proyecto de acto legislativo que pretende reformar la Constitución.
Una nueva pista
Luego de participar en un minuto de silencio por Luis Santiago, Iguarán anunció que se comparará un cabello encontrado en Luis Santiago con las pruebas de ADN que se tomarán a los tres capturados por el crimen: el padre del menor, su compañera sentimental, y Jorge Orlando Ovalle Moreno.
Al último se le imputaron los cargos de secuestro simple y agravado por el caso del menor, de secuestro simple y agravado por la retención de la madre del niño y el cargo de homicidio.
Las palabras de Iguarán fueron ahogadas por el llanto y los gritos de los habitantes de Chía que pidieron justicia por la muerte del "angelito".
Entre tanto en Villeta, Cundinamarca, Yorley Muñoz, madre de un recién nacido secuestrado del hospital de esa localidad el 20 de septiembre, confía en que pronto pueda abrazar a su hijo a quien ni siquiera alcanzó a ponerle un nombre.
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