Gregorio Eljach, secretario del Congreso de la República, dijo que a pesar de no haber sido notificados formalmente sobre la existencia del decreto que revive las primas de salud y de vivienda que el Consejo de Estado había anulado con una sentencia, deberá entrar en vigencia desde inmediatamente.
La remuneración que tumbó el alto tribunal, identificada como una prima por servicios, fue entendida por Eljach como una manera de reajustar el salario de los congresistas y de cerca de 1.900 funcionarios quienes se verían afectados por la decisión que le reducía la remuneración a los parlamentarios en cerca de ocho millones de pesos mensuales.
Al respecto, el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas Santamaría, desestimó que la expedición de los decretos haya sido motivada por la lentitud como se venía trabajando en el Congreso, o como una forma de presión para que no se redujeran los ingresos de los representantes y senadores, y que muchos llegaron a considerar que las dilaciones para estudiar la reforma a la salud que está en trámite en el Congreso, fuera una manera de mandar una mensaje para hacer valer sus derechos.
“La falta de asistencia obedeció a la ausencia de claridad en las bancadas sobre los efectos de la reforma a la salud, y a los impedimentos que se han presentado para participar en un debate”, dijo Eljach al explicar el porqué de la demora en sacar adelante la referida reforma.
A su turno Alfonso Vargas, presidente del Consejo de Estado dijo que hasta la primera hora de este martes no conocía el contenido del decreto, y reiteró que la nulidad de los decretos que tumbaban las primas eran contrarias a la ley; aunque, señaló que tras esas determinaciones era un deber del Estado hacer valer las remuneraciones de los parlamentarios, pero en debida forma.
“Ponerle un nombre de prima de salud o de ubicación y vivienda a una remuneración afecta la ley”, dijo el magistrado al sustentar su decisión, y agregó que el nuevo nombre que se le ha dado a esta reivindicación como ‘prima especial de servicio’ no contraría la ley, pues puntualiza lo que es realmente la remuneración de un funcionario público.
Vargas rechazó el que el tribunal, que él preside, hubiera cometido un error, y justificó su fallo en las apreciaciones legales.
Otra de las voces llamadas al debate es precisamente el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas Santamaría, quien señaló que lo que el gobierno quiso hacer con este nuevo decreto fue salir de un problema que le heredó el Consejo de Estado, y que producía un efecto cascada que afectaba el salario de alrededor de 1.900 trabajadores del Estado que ningún funcionario público puede ganar más que un congresista.
“Este fue un problema que el Gobierno no creo. El fallo del Consejo de Estado elimina la prima de ubicación y de salud de los congresistas, y en cascada afectó a los funcionarios de los órganos de control y de la rama judicial”, dijo Cárdenas quien calificó como un “autogol” que se metió el Consejo de Estado pues con su decisión no sólo afectó a los congresistas, como se creyó en un inicio, sino que se afectaron ellos mismos.
“Vimos que se nos iban a venir 1.900 demandas por los derechos adquiridos, demandas que íbamos a perder, a lo cual se sumaban los intereses”, dijo Cárdenas al sustentar las razones por las que fue expedido el decreto, el mismo que calificó que el decreto era la mejor salida que teníamos a este problema.
De la misma manera, el jefe de la cartera de Hacienda consideró que el Estado no podía aceptar que por cuenta de la decisión del Consejo de Estado se fueran a venir cientos de demandas que las iban a ganar. De la misma manera, Cárdenas salió en defensa de los jueces quienes verían afectados por la sentencia y que terminaría afectando a los jueces.
De la misma manera, Cárdenas reconoció que hasta su despacho en el Ministerio llegaron los presidentes de las altas cortes, el procurador y de otras entidades de control reclamando solución al problema creado por el Consejo de Estado y que afectaba a los empleados de esas entidades.
En cuanto a los tributos que deben pagar los parlamentarios por la prestación que fue reajustada, Cárdenas señaló que los impuestos se cancelarán sobre el total de la remuneración, tal como lo dispone la Reforma Tributaria aprobada a finales de 2012.
Finalmente, Cárdenas desestimó algún tipo de presión por parte de los congresistas para empezar a debatir la reforma a la salud.
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