No es una buena noticia para la democracia colombiana que el partido de oposición Polo Democrático Alternativo se encuentre en la picota pública por disputas internas cada vez más agudas y controversias, a propósito de la contratación pública en la Alcaldía de Bogotá, que parecen desplazarse a velocidad hacia los estrados judiciales.
Y no es buena noticia porque el PDA representa una fuerza política de oposición en nuestra democracia, que con todas sus imperfecciones intenta construir reglas de juego políticas que les garanticen a todos los actores poder expresarse y canalizar la opinión de sectores importantes, aunque minoritarios de la sociedad -se supone que los sectores electoralmente mayoritarios son responsables de la gestión de gobierno-.
Recordemos que las fuerzas de oposición -tanto en lo nacional como en lo local- cumplen tres funciones importantes en una democracia. Una, deben adelantar el necesario control político de los gobernantes -que es complementario de los controles administrativos y fiscales- y adelantar los debates requeridos tanto en las corporaciones legislativas como en los medios de comunicación. Dos, convertirse en alternativa de gobierno en el siguiente debate electoral -obviamente si han hecho un buen control político y si formulan una propuesta convincente para los ciudadanos-.
Tres, canalizar el normal descontento social que se produce en toda democracia por la gestión de los gobernantes y de esta manera conjurar la tentación a acudir a las vías de hecho o a la violencia.
No hay que olvidar que una buena forma de deslegitimar a los violentos es con una oposición fuerte que juegue con lealtad en las reglas de la democracia.
A nuestro juicio, los problemas del PDA tienen que ver con dos grandes decisiones que al parecer no se tomaron en su momento, porque el PDA no es ajeno a los procesos 'forzados' de unidad que produjo la reforma electoral de 2003 en los partidos políticos colombianos -especialmente el establecimiento del umbral-.
La primera, definir si el PDA quería convertirse en una fuerza permanente de oposición de izquierda y entonces mantener posiciones típicamente izquierdistas era una buena opción, o pensarse como una opción de gobierno real en el mediano plazo y para ello era necesario que sus propuestas se corrieran más al centro político -como lo hicieron el PT en Brasil o el Frente Amplio en Uruguay, para mencionar dos casos en Suramérica-, porque normalmente la mayoría de los votantes en nuestras sociedades no se ubican en la izquierda sino más en la franja de centro y si se quieren ganar para apoyar una propuesta de gobierno deben ser propuestas moderadas.
Las dos posiciones son válidas. El tema es que un partido político debe decidirlo y, si no se hace, las tendencias a su interior pueden llevarlo a su ruptura.
La segunda, definirse cuando se es gobierno en lo local y regional, cómo va actuar en relación con las demás fuerzas políticas, tanto en sus coaliciones de gobierno como en sus relaciones con la oposición -que pueden ser las que son gobierno en lo nacional-.
Ahí parecería no haber tampoco directrices claras en el interior del PDA, porque de una parte se escuchan voces que reclaman que el PDA no ha gobernado exclusivamente con sus militantes y, por otra, parecería haber una tendencia pragmática en los gobernantes de buscar coaliciones en la corporación legislativa respectiva para garantizar apoyos en el trámite de sus iniciativas.
Es decir, se combina una oposición discursiva radical en lo nacional, pero al mismo tiempo donde se es gobierno se actúa con el pragmatismo normal de los gobernantes, lo cual puede conllevar un mensaje ambiguo, tanto a sus partidarios como a sus adversarios.
Adicionalmente, un partido de oposición de izquierda se espera sea transparente al extremo en la gestión de gobierno y ese es el desafío del PDA.
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