Al margen de las declaraciones ofrecidas a El Colombiano por el liquidador de Lérida CDO, Marco Tulio Zapata Giraldo, en las que dejó abierta la posibilidad de reconsiderar la rehabilitación de Space, voceros de la Administración Municipal subrayaron que continúa el proceso judicial por el caso y la Alcaldía se valdrá de la ley para sancionar el incumplimiento a la orden de la inspección de Policía 14A.
La vicealcaldesa de Educación y Cultura, Claudia Restrepo Montoya, quien estaba encargada de la administración municipal cuando ocurrió el desastre en la unidad residencial, aclaró ayer que la demolición de Space viene de una orden de la autoridad competente, ante la consideración del riesgo que representa que el edificio siga en pie.
"Es una orden policiva, no una negociación. No se puede caer en el error al que quiso conducir CDO al plantear que la negociación con las familias posibilitaba una rehabilitación", señaló.
Agregó que si CDO no asume la demolición, tendrá que hacerlo la Alcaldía, por medio del Dagrd.
El abogado Zapata, recién nombrado liquidador de la constructora por parte de la Superintendencia de Sociedades, afirmó que luego de llegar a acuerdos con los afectados pendientes en Space, buscará un acercamiento con la Alcaldía para revisar si cumplida la compra a los propietarios se pueden considerar "conceptos técnicos que tiene la firma y según los cuales los apartamentos pueden quedar en pie".
"Hay que mirar si la demolición de esos edificios es una necesidad o si el hecho de haberlos adquirido sirve para analizar si hay otra posibilidad técnica", sostuvo. Y agregó que en caso de que no se permita rehabilitar no tendría recursos para asumir el costo del desmonte de la estructura.
El secretario de Gobierno, Wilson López Bedoya, confirmó que los procedimientos de la Inspección de Policía siguen su curso. Vencido el tiempo para que la compañía presentara el plan de demolición, este despacho oficial concedió un plazo adicional hasta mañana.
López anunció que la Alcaldía se valdrá de la ley para sancionar el incumplimiento en caso de que la compañía no responda al requerimiento.
Entre los propietarios, Carlos Ruiz, manifestó su temor frente a la posibilidad de perder su patrimonio si se determina que no hay suficientes recursos para responder.
En ese sentido la Supersociedades sostuvo que el proceso de liquidación judicial en el que se encuentra Lérida CDO (parte del grupo CDO), "persigue la liquidación pronta y ordenada, buscando el aprovechamiento del patrimonio del deudor".
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