Uno de los aprendizajes importantes en el diseño y ejecución de políticas públicas de seguridad y defensa es diferenciar los aspectos permanentes o estructurales de las mutaciones coyunturales que tienen los escenarios y las amenazas de seguridad.
Siempre se debe insistir en que un buen diagnóstico del problema es la base para formular estrategias de respuestas adecuadas. Los escenarios en que se mueven las amenazas de seguridad son el conflicto interno armado, la seguridad ciudadana y los fenómenos delincuenciales asociados al narcotráfico y que hoy se tiende a concretizar en las bacrim.
Desde una mirada académica, regionalmente la prioridad de las amenazas se expresaría así: a) en el ámbito del conflicto armado el Departamento del Cauca, donde parece haber toda una nueva modalidad de operatividad militar de las Farc -hostigamientos continuados usando francotiradores y explosivos acompañados de repliegues tácticos- y del Eln con presencia igualmente en varios municipios; lo anterior sumado a una alta conflictividad social de largo aliento y un Estado históricamente incapaz de relacionarse adecuadamente con estas poblaciones.
Igualmente, Arauca, con una presencia histórica de la guerrilla, especialmente del Eln y donde es posible prever un aumento de acciones de estos grupos en la medida en que los enfrentamientos entre Farc y Eln tienden a solucionarse, adicionalmente es un área de frontera; Putumayo y Nariño, así como Caquetá, son Departamentos en los cuales la presencia de las Farc ha sido muy persistente y donde hay incentivos -área fronteriza, cultivos de coca, conocimiento del territorio- para mantener una operatividad persistente. b) En relación con las bacrim y su operatividad, sin duda que hay tres áreas geográficas muy sensibles: Córdoba y Sucre, la Costa Pacífica Sur, y Meta y Guaviare.
En todos estos escenarios hay tradición de presencia de sus antecesores -los grupos paramilitares- y tienen una actividad muy intensa ligada al narcotráfico, tanto en lo relativo a cultivos como a salidas hacia puertos.
Probablemente, las tareas del Estado deberían combinar inteligencia operativa para identificar las transformaciones de las amenazas; respuestas militares y policiales adecuadas, alternativas de desarrollo socioeconómico para las regiones, infraestructura estatal de servicios -justicia, educación, salud- y una estrategia de acercamiento a la población -que no es fácil, si de entrada se mira a las poblaciones de las regiones como enemigos-.
Y algo que se debería tener siempre presente: cuidarse de triunfalismos innecesarios.
En cuanto hace a seguridad ciudadana, se debe diferenciar la actividad de grupos del crimen organizado -generalmente asociados al narcomenudeo y el microtráfico- de otro tipo de delincuencia más ocasional, si se quiere menos articulada.
Hay que enfatizar en que la modalidad de vigilancia policial por cuadrantes es una buena estrategia, si se implementa bien; esto requiere que haya un buen nivel de confianza entre los responsables policiales y los ciudadanos.
Por ello son fundamentales los filtros internos en la institución para reducir al mínimo los casos de miembros policiales que terminen involucrados en casos delincuenciales. Fortalecer la inteligencia policial para identificar los grupos de crimen organizado y las áreas más problemáticas en cada ciudad debería ser una prioridad. Igualmente coordinar con los gobiernos locales para el desarrollo de políticas preventivas y de fortalecimiento de la cultura ciudadana.
Con el inicio del período electoral, hay un desafío fundamental de seguridad: proteger a los candidatos de todos los partidos y garantizar que las elecciones se desarrollen con tranquilidad.
Coda: No hay duda de que la muerte del excanciller Augusto Ramírez Ocampo deja un vacío muy grande, tanto en los defensores de los derechos humanos, como en quienes trabajan por encontrar salidas políticas a esta larga confrontación interna armada. Tendremos presente siempre el legado y las enseñanzas de ese gran maestro y gran señor.
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