Los hechos hablan por sí solos: el lunes 29 de abril un informe del Centro de Seguimiento para los Desplazados Internos (IDMC, su sigla en inglés) confirmó que Colombia es el país con la mayor cifra de desterrados del mundo. Se destacaba entre los indicadores el fenómeno intraurbano, en particular el caso de Medellín. La salida por amenazas de 43 familias del sector de La Loma, en el occidente de la ciudad, entre el domingo y ayer, retrata el problema.
El dramatismo de la fotografía de primera página de este diario, captada este lunes en el sector, provocó la reacción ciudadana respecto de la impotencia con que la gente abandonaba las que han sido sus viviendas por décadas, construidas con sudor y ahorros precarios. Además de salir sentenciados por un grupo armado ilegal, los vecinos de La Loma sufrían por la que será la suerte de sus propiedades.
La Alcaldía de Medellín, a través de su secretario de Seguridad, Arnulfo Serna, anunció que las familias cuentan con atención sicosocial y protección jurídica. Incluso, la Policía y el Ejército ayudaron en la mudanza de los desplazados que, aunque recibieron la oferta de protección de los uniformados, se resistieron a permanecer en el barrio por miedo a las retaliaciones de las pandillas.
El cuadro plantea, como mínimo, tres interrogantes: ¿por qué la comunidad de ese sector no cree en las garantías de seguridad y, finalmente, se marcha? ¿Por qué los fenómenos de fronteras invisibles y desplazamiento intraurbano no cesan, aun con la masiva presencia de fuerza pública en los barrios de la periferia? Y, aunque hubo un gesto de solidaridad en ayudar con los trasteos, los lectores se preguntan, y nosotros también, ¿por qué Ejército y Policía no neutralizan con contundencia, en este y otros casos, a los agresores y sus amenazas?
Inquieta, por decir lo menos, que la periferia de Medellín se descubra amenazada e incluso "controlada" por los llamados combos asociados a estructuras criminales mayores, caso de la denominada "la Oficina" y "los Urabeños". Bandas que, según lo acepta el mismo gobierno local, mantienen una disputa territorial que golpea cotidianamente a numerosos barrios y comunas.
Sin sobredimensionar las intimidaciones de la delincuencia, pero con dosis de realismo, hay que decir que los desplazamientos masivos en La Loma y en Aures (hace cuatro semanas) no solo tienen la dolorosa carga explícita de violentar a decenas de medellinenses, sino que también revelan la incapacidad de las autoridades de gobierno y de policía para contener el fenómeno y para combatir a los criminales que lo producen.
Esa foto que muestra a los soldados cargando neveras y demás enseres fue comentada por 51 de nuestros lectores y foristas en internet como una claudicación del Estado frente a la amenaza de los pandilleros. En la segunda ciudad del país, este paisaje desconcierta a los ciudadanos sobre lo que pueda venir en materia de (in)seguridad.
Es cierto que en el resto del país también continúa el desplazamiento, en algunos barrios populares de Cali, Bogotá y Cartagena, por ejemplo. Pero es alarmante que ello ocurra, con tales dimensiones, en una ciudad comprometida con su transformación innovadora y su vocación por internacionalizarse, año a año, mostrándole al mundo logros alentadores en seguridad y convivencia.
Ojalá por La Loma, y por otros barrios periféricos, no sigan rodando más desplazados.
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