El reporte se lo dieron al presidente, Juan Manuel Santos, cada comandante de Policía y miembros de la Alcaldía de cada ciudad, el 5 de junio, dos meses y tres días después de que se venciera el plazo de 60 días para erradicar 24 ollas de vicio del país.
Una a una fueron pasando Cartagena, Cali, Pasto y todas las demás capitales donde había ollas por erradicar, mientras el Presidente tomaba nota y el general José Roberto León Riaño, comandante de la Policía a nivel nacional, felicitaba a sus subalternos.
Oídos los balances, el parte oficial habló de una efectividad del 92 por ciento en el desmantelamiento de las ollas. Según indicó la Policía, durante el plan de acción se realizaron 314 allanamientos, se incautaron 780.067 dosis de droga y se dio captura a 42 de los principales cabecillas del microtráfico en el país.
La intervención, que se hizo de la mano entre la Policía, sus investigadores y detectives, y las autoridades civiles y de las alcaldías, permitió identificar 38 estructuras que quedaron en proceso de judicialización y capturar a 1.641 personas que participaban, de alguna manera, en el negocio ilícito de la venta de drogas.
Dos meses de intervención que bastaron para hacer efectivas 98 solicitudes de extinción de dominio a bienes que se habían convertido en centros de operaciones para el tráfico, distribución y comercialización de la droga.
El trono de las ollas con más droga incautada se lo ganó "el Cachical", de Barranquilla, donde cayeron 129.042 dosis.
Todo arrancó en el Bronx
Vale decir que el antecedente que animó al presidente Santoos a desmantelar las ollas fue la intervención en la calle Bronx, en Bogotá, que se hizo de la mano con el alcalde, Gustavo Petro, y que le dio punto final a un lugar que ya era una vergüenza nacional.
Pero aunque la efectividad policial parece no dejar dudas, la social no se ve clara. Y esta es urgente, pues la represiva es insuficiente para erradicar el mal. Tanto, que el secretario de Gobierno de Antioquia, Santiago Londoño, plantea el paso de la despenalización.
Su par de Medellín, Jorge Mejía Martínez, también es claro en la percepción: "hacia allá tenemos que tender, a mirar el consumo de drogas como un problema de salud pública".
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