Mucho se ha especulado respecto a la magnitud del daño ocasionado por el crudo invierno en las actividades agropecuarias. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) estima que se han afectado 1.324.000 hectáreas de terreno. Igualmente, como lo reporta el Sistema Sipsa, se han registrado aumentos en los precios de algunos alimentos los que, según algunas fuentes, obedecen al efecto del invierno en las cosechas. También se ha informado que los ganaderos se han visto obligados a aumentar el sacrificio de ganado vacuno por la misma razón.
Un ambiente de incertidumbre acerca de la real dimensión del daño ocasionado puede causar efectos indeseables sobre algunos agregados macroeconómicos, pues los alimentos tienen un peso importante en la canasta de consumo y en el índice de inflación. Ya hay quienes argumentan que el nivel del salario mínimo para 2011 debe considerar el impacto que el invierno tenga sobre la inflación, olvidándose del hecho de que el aumento del salario mínimo tiene consecuencias sobre los precios de otros bienes y servicios.
Si a esto se le agrega el gran esfuerzo de inversión que va a demandarle al Estado la recuperación de los daños físicos ocasionados por el invierno y su posible impacto sobre la demanda agregada, lo que se puede estar creando es una indeseable espiral de expectativas inflacionarias que, al final, puede afectar la marcha de la economía.
El país debe aprender que el cambio climático es una realidad que impacta a todas las regiones del planeta y que uno de los sectores donde más daño puede ocasionar es en el agropecuario, que tan estrechamente depende de las condiciones del clima. Esto obliga a las autoridades sectoriales, a las departamentales y a las locales, a asumir mayores responsabilidades en el estudio de dicho fenómeno y en la adopción de las acciones de prevención.
Tradicionalmente, en Colombia se le ha brindado poca atención a la generación y la divulgación de información en el sector agropecuario. Ello ha llevado a que, al momento, no se cuente con mecanismos idóneos de verificación y evaluación de la real situación de la afectación y el daño del invierno en las distintas actividades agropecuarias, y, por tanto, no se puedan adoptar las medidas de política más pertinentes y eficaces, con la celeridad requerida.
El país está en mora de emprender el montaje y la operación de un sistema de información georreferenciado en todos los departamentos, el cual dé razón detallada y precisa del uso del suelo. Igualmente, es necesaria la ampliación y el fortalecimiento de la red de estaciones climatológicas automatizadas y conectadas a sistemas satelitales al servicio del sector agropecuario. Estas iniciativas deberían complementarse con la creación de grupos técnicos especializados que se encarguen del seguimiento y el análisis de la información generada, y de la divulgación masiva de dicha información entre los productores agropecuarios.
Igualmente, el Gobierno Nacional deberá diseñar y poner en práctica mecanismos de cubrimiento de riesgos, como los seguros de cosecha.
En fin, frente a los estragos y la relativa ignorancia que se tiene acerca de las consecuencias y los daños causados por la intensa ola invernal, el país debe tomar conciencia de que, hacia el futuro, es imperativo actuar de manera responsable. Por nuestro bienestar, debemos romper con el ciclo vicioso del desastre, las lamentaciones y el olvido, y generar el conocimiento necesario acerca del cambio climático, al tiempo que crear los mecanismos que mitiguen y prevean sus consecuencias.
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