La decisión del Consejo de Estado de anular la elección de la Fiscal es equivocada jurídicamente.
Y es un error tan protuberante que genera suspicacias en la medida en que una decisión con tantos vacíos jurídicos, de alguna manera, confirma los rumores que existían de que a la Fiscal la iban a tumbar para pasarle una cuenta de cobro del uribismo y de ciertas fuerzas políticas que la veían a ella como un obstáculo.
El ambiente que creó un amplio sector del uribismo, entre otras cosas alentado por un editorial de EL COLOMBIANO del viernes pasado, generó una presión mayor, que sin duda incidió en el ánimo de algunos magistrados del Consejo de Estado. Con esto no quiero sindicar a ningún magistrado de que se haya prestado para componendas, pero sí creo que el clima que se acondicionó para ese fallo, terminó incidiendo en esta equivocada decisión.
Ahora, el tema de la relación de la Fiscal con Carlos Alonso Lucio pudo ser, en el fondo, parte de la decisión. Porque lo que no tiene sentido es que el Consejo de Estado diga que cuando a la Fiscal la nombraron 14 de 18 magistrados es ilegal, pero al mismo tiempo reconozca que cuando la confirmaron 16 de los 23 miembros de la Sala Plena, eso que era legal no tenía efectos reparadores del supuesto vicio. Eso es realmente absurdo.
El fallo, parece, está inspirado más en una base política, que en asuntos jurídicos.
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