La cifra de 14 líderes indígenas asesinados en Antioquia en lo que va corrido de 2011, seis de ellos en menos de 10 días, bastaría en cualquier parte para generar una reacción gubernamental y mediática en cadena como otras que se han dado por la muerte violenta de estudiantes universitarios, pero no.
La arremetida violenta de los grupos armados ilegales contra las comunidades indígenas, aunque no es nueva, está cada vez más relacionada con la disputa territorial que sostienen las bandas criminales (bacrim) por el control de las zonas mineras del Departamento, como en su momento sucedió con el fenómeno de los cultivos ilícitos, aún no superado.
Lo que más llama la atención en los últimos casos de asesinatos es que las víctimas han sido reconocidos líderes de las comunidades, la mayoría con rango de gobernadores indígenas, que adelantaban procesos de restitución de tierras o habían denunciado actividades ilegales alrededor de la explotación de oro en sus regiones, en especial en el Bajo Cauca, Urabá y el Suroeste antioqueños.
El frágil tejido social y escaso poder de asociación que muchas comunidades todavía sufren por acción del conflicto armado está provocando, además, un incremento en los índices de desplazamiento entre indígenas, con las consecuencias que eso tiene para ellos y para las autoridades municipales receptoras, que no cuentan ni con los recursos ni con las estrategias para asegurar el regreso de los afectados.
Los indígenas que logran resistir las presiones de los grupos ilegales para abandonar sus tierras son obligados a sembrar coca y producir cocaína para ellos. Muchos jóvenes aborígenes han resultado comprometidos en tráfico de drogas y haciendo parte de las estructuras armadas de las bacrim.
La Organización Indígena de Antioquia (OIA) ha reclamado la acción efectiva del Gobierno y de los organismos de investigación, pero se necesita algo más que eso. La autonomía indígena que consagró la Constitución de 1991, en vez de proteger a las comunidades, ha servido de mampara para que los ilegales abusen de las restricciones que tienen las Fuerzas Armadas para actuar en los resguardos.
Harían bien los gobiernos departamental y nacional en adoptar medidas de protección urgentes, no sólo para las comunidades indígenas, sino para otras poblaciones vulnerables que en otros departamentos también sufren el embate de los narcotraficantes, guerrilleros y delincuentes organizados. Las 17 masacres registradas en lo que va de este año en el país, con poco más de 170 víctimas, ameritan un plan de choque para recuperar la seguridad.
Las leyes de Seguridad Ciudadana y de Víctimas y Restitución de Tierras, que el Gobierno ha calificado de históricas, deben demostrar su eficacia en esta compleja coyuntura de deterioro en el orden público y arremetida de las guerrillas y las bacrim.
Es urgente actuar de forma integral y mancomunada en aquellos sitios donde es clara la estrecha relación que existe entre explotación minera ilegal, cultivos ilícitos y violencia. De lo contrario, tendremos, infortunadamente, nuevos y más graves hechos delictivos, tan graves como los ocurridos con estudiantes universitarios en Córdoba, o tan silenciosos y sistemáticos como los cometidos contra los indígenas en Antioquia.
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