El último capítulo de una saga de irregularidades que llena la historia de Venezuela con secuestros, levantamientos, heridos y muertos, lo protagonizan cerca de un millar de familiares de reos que decidieron permanecer "autosecuestrados" en las cárceles de Yare I y Yare II desde la noche del pasado 31 de diciembre.
Enfermedades, maltratos, hacinamiento y retardo procesal son los síntomas del mal que carcome al sistema penitenciario venezolano e indigna a presos, familiares y activistas de derechos humanos.
Ayer permanecían en las cárceles unos 400 familiares, según el Ministerio para el Servicio Penitenciario de Venezuela. La titular de esa cartera, Iris Varela, les solicitó terminar con el acto de protesta y añadió que no cederá ante esas medidas de presión originadas, según ella, desde los confines de la CIA.
La ministra anunció también que pronto serán instalados tribunales en las cárceles en conflicto para "aligerar" los procesos judiciales, respondiendo a la indignación de los manifestantes por el retraso en los mismos, una "bomba de tiempo" que ya había sido advertida por la abogada venezolana Nadeska Torrealba en su libro Retardo judicial.
"Se han perdido muchas vidas, y quedará en nuestra conciencia la duda de si eran personas responsables del delito que se les imputaba, además que después de muertos el único camino es declarar terminada la averiguación por extinción de la acción penal", reza el libro la experta.
Estalló la burbuja
Las cifras predijeron una crisis como la que hoy se vive. Un informe de la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) evidencia que entre 1999 y 2010 se produjeron 4.506 muertes dentro de los penales del país y asegura que en tan sólo 9 años murió el equivalente a la población de 5 centros penitenciarios.
Señala el observatorio que un sistema penitenciario construido para albergar no más de 14.500 reos, está sobresaturado con 44.520 presos; es decir, tres veces su capacidad.
Asimismo, la organización venezolana Programa de Educación Acción en Derechos Humanos informó a este diario que de octubre de 2010 a septiembre de 2011 el sistema registró una tasa de 170 encarcelados por cada cien mil habitantes.
A esto se suman, según información suministrada por Walter Márquez, diputado de la Asamblea Nacional, problemas como deficiente atención médica, infraestructura deteriorada, filtraciones de aguas negras y graves condiciones sanitarias, que hacen parte de la lista de quejas que los "autosecuestrados" de Yare dieron a conocer a Carlos Nieto, director de la ONG Una Ventana a la Libertad.
"Me dijeron que les está faltando agua y comida, y piden una comisión de expertos en derechos humanos que respeten su integridad física", indicó Nieto.
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