Desde cuando tomó posesión, al presidente Juan Manuel Santos le ha tocado lidiar con dos fuertes temporadas invernales que han provocado caos vial, ambiental, económico y social.
De ahí que en la última temporada invernal se haya decretado la emergencia económica, social y ecológica, para afrontar la intensidad de las lluvias e inundaciones más fuertes de los últimos 40 años en el país.
Es claro que las entidades administrativas o gubernamentales encargadas de dar solución a la crisis van desde los Ministerios, la Presidencia, gobernaciones y alcaldías, pasando por los entes de control territoriales como las CAR.
Dentro de estas últimas, algunas son un foco de corrupción, ineptitud e irresponsabilidad. Son las encargadas por la ley de administrar dentro del área de jurisdicción el medio ambiente y los recursos naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones legales y las políticas del Ministerio del Medio Ambiente.
El Gobierno no ha logrado liderar e impulsar un gran proyecto ambiental que comprenda una regulación específica a problemáticas como la tala de árboles, la contaminación en los ríos, quebradas, y bosques y la invasión de predios en lugares de riesgo, que se supone pasará a ser regulado por el Ministerio de Vivienda.
Puede ser que para muchos el fenómeno de La Niña o el calentamiento global sean sucesos naturales que son imposible evitar y que es normal que causen estragos, como inundaciones o deslizamientos. Pero es acaso inevitable e incontrolable que en ciudades como Barranquilla se presenten arroyos de gran magnitud, o en Bogotá se inunde la Sabana, o en casos más dramáticos como los deslizamientos en los que se ven involucradas muchas vidas, pero qué irónico que tragedias como la de La Gabriela, en Bello, o la de hace poco en Manizales se hubieran podido evitar, porque habían sido decretadas zonas de riesgo y, en palabras del mismo Gobierno, habían sido tragedias anunciadas.
Por otra parte, es crítico el panorama nacional en materia de infraestructura vial. Una herencia de 8 años de gobierno que permitieron a muchas personas del país volver a sus fincas y viajar por carretera, pero sin medio posible para hacer factible tal fin.
Al día de hoy, aproximadamente, un 15% de la red de carreteras del país está pavimentada, estando por debajo de muchos países de la región como Chile, Brasil, Argentina, Bolivia, entre otros.
Algo que indudablemente deja muy mal parado al país y que será un gran reto para hacer efectivo el laureado TLC, que a corto plazo puede convertirse en un fracaso. Tendría que pasar una década para hacerlo factible y ejecutable en todos sus ámbitos.
Grandes retos son los que tiene el gobierno de Santos, que hasta el momento no ha logrado engendrar un plan de choque contundente y certero para mitigar y controlar los estragos del invierno en el país.
¿Cuántas temporadas invernales habrá que esperar para, por lo menos, controlar y ejecutar obras en pro del medio ambiente, la economía y la ciudadanía?
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