Genocidio. Delito internacional que comprende cualquiera de los actos perpetrados con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso.
Estamos acostumbrados a oír en escenarios nacionales e internacionales la queja, hasta de las Farc, del genocidio en contra de la Unión Patriótica, un partido político surgido del seno de esta organización guerrillera como parte de las conversaciones de paz con Belisario Betancur a principios de los 80. Pero nadie habla de otro genocidio en contra de un grupo político idéntico, los esperanzados, que surge de los acuerdos de paz de principios de los 90.
Ahora que estamos hablando otra vez de paz, de verdad, de justicia, de víctimas y de reparación vale la pena recordar este triste episodio de nuestra historia que quiere ser enterrado, pues uno de sus protagonistas es "Iván Márquez", negociador de las Farc.
Urabá 1991. El grupo guerrillero EPL se desmoviliza, le apuesta a la paz y crea su grupo de acción política cuyo fuerte está en esa región de Antioquia. Con gran ascendiente en el sindicato bananero, Sintrainagro, decide armar tolda aparte de la combinación de las formas de lucha de las Farc y enfrentar el poder político de la UP que tenía entonces tres de los cuatro alcaldes del eje bananero.
Comienza la masacre. Las Farc, para evitar el fin de su hegemonía construida a punta de plomo y política decide, ante lo que considera la traición de sus antiguos compañeros de armas, asesinan de manera sistemática a los dirigentes políticos y los líderes sindicales y comunales de los llamados esperanzados pues el Ejército Popular de Liberación se había convertido en la organización política Esperanza, Paz y Libertad.
Luego de una de las tomas de Currulao a finales de 1992, las Farc les dieron 15 días a los esperanzados para salir de la zona bananera. Obvio, estos no aceptaron tan gentil invitación. Ahí comenzó el genocidio. Finca La Mora, 5 trabajadores asesinados. Finca La Popola, dos masacres con 7 muertos. Entre 1992 y el año 2000 las Farc cometieron 28 masacres en Urabá, 24 de ellas en el eje bananero. Así dejaron 800 muertos.
La estrategia de terror no se quedó ahí. Con los asesinatos selectivos las Farc trataron de descabezar los cuadros políticos. Así, en enero del 93 asesinan al presidente del sindicato, Alirio Guevara. Uno de tantos dirigentes sindicales que caían en esa lucha desarmada contra el estalinismo armado y político de las Farc.
La persecución era implacable. Y en enero de 1994, después de un acto político en el barrio obrero de Apartadó con dos de los líderes más representativos de los esperanzados, Darío Fajardo y Aníbal Palacio, se da la masacre de La Chinita que deja un saldo de 35 muertos.
Los esperanzados no podían vivir en sus casas y hasta los hoteles donde se habían refugiado los fueron a buscar. En febrero de 1997 pusieron un carrobomba en el hotel Pescador, donde vivían muchos de los líderes de este grupo ya diezmado.
Esta historia, que hay que reivindicar, hace parte de la violencia de las Farc que el gobierno y el Fiscal quieren enterrar. Es claro que a este grupo guerrillero no le interesa la verdad o las víctimas. Está en su adn como organización.
Lo que es inaceptable es que "Iván Márquez", comandante de ese bloque enviado a la zona para recuperar el Urabá, no pague por su responsabilidad en un claro genocidio que en cualquier parte del mundo, menos acá en Colombia, según lo dicho por el Fiscal General de la Nación Eduardo Montealegre, es considerado un delito de lesa humanidad. Pero duele, más aún, que el Presidente Santos y Montealegre sean sus cómplices.
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