Mandatarios locales solicitan a la Corte Constitucional sostener las medidas de emergencia por la crisis climática, mientras Fenalco cuestiona el impuesto al patrimonio incluido en los decretos.
Un grupo de alcaldes de la región Caribe hizo un llamado unánime a la Corte Constitucional para que mantenga en firme los decretos de emergencia social, económica y ambiental expedidos tras la crisis climática que afecta a varios departamentos del país.
Los mandatarios pidieron formalmente una audiencia con el alto tribunal para exponer la situación en sus territorios y sustentar la necesidad de conservar las medidas extraordinarias.
“Le pedimos una audiencia para que nos escuchen y conozcan la realidad de nuestros municipios”, señalaron en una comunicación dirigida a los magistrados.
Los alcaldes sostienen que los decretos son fundamentales para avanzar en la reconstrucción de las zonas afectadas, en aspectos como infraestructura, reactivación económica y seguridad alimentaria.
El impacto del frente frío ha generado una crisis en departamentos como Córdoba, Magdalena, Cesar, Bolívar y Sucre, afectando a miles de familias.
“Este decreto es la esperanza que tenemos para la reconstrucción de nuestro territorio, de nuestra economía y de nuestras vías, así como para garantizar la seguridad alimentaria”, afirmaron.
El director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) respaldó la solicitud de los mandatarios y advirtió sobre las consecuencias de una eventual caída de los decretos.
Según la entidad, más de 120.000 familias damnificadas en al menos ocho departamentos dependen de estas medidas para recibir atención y avanzar en la recuperación.
En paralelo al llamado de los alcaldes, la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) expresó su preocupación por la decisión de la Corte Constitucional de suspender provisionalmente de manera parcial los efectos del impuesto al patrimonio establecido en el Decreto Legislativo 240 de 2026.
El presidente del gremio, Jaime Alberto Cabal, señaló que, aunque la medida introduce algunas exclusiones —como para personas jurídicas sin ánimo de lucro, empresas en liquidación, universidades, centros comerciales y conjuntos de propiedad horizontal—, mantiene la obligación para empresas con capital superior a 10.474.800 millones de pesos.
Además, advirtió que las empresas prestadoras de servicios públicos que no operan en zonas de emergencia invernal seguirán obligadas a pagar el tributo, lo que podría trasladarse a las tarifas para los usuarios.
“La decisión de la Corte, aunque introduce algunas exclusiones relevantes, no corrige los graves problemas estructurales de un impuesto que consideramos altamente inconstitucional y perjudicial para el tejido empresarial del país”, afirmó Cabal.
Fenalco insistió en que el impuesto al patrimonio presenta fallas de fondo. Según el gremio, “se instrumentaliza el estado de emergencia para resolver un problema estructural de financiación estatal”.
El organismo también cuestionó la falta de claridad sobre el destino de los recursos, al considerar que el decreto no establece un cálculo preciso de las necesidades para atender la emergencia, lo que impide identificar el uso de los fondos recaudados.
Adicionalmente, Cabal señaló que la medida no supera el juicio de necesidad, al no demostrar la inexistencia de mecanismos ordinarios para atender la situación fiscal. En ese sentido, afirmó que la negativa del Congreso a aprobar una ley de financiamiento responde a una decisión democrática que debe respetarse.
El líder gremial advirtió que el impuesto podría tener efectos adversos sobre las empresas, al calificarlo como confiscatorio. Explicó que grava una manifestación estática de riqueza sin considerar la liquidez real de las compañías.
Con tarifas entre 0,50% y 1,6% sobre bases patrimoniales no líquidas, algunas empresas podrían verse obligadas a vender activos para cumplir con la obligación tributaria, afectando su estructura productiva.
En un contexto de altos costos laborales, elevada carga tributaria, inflación y tasas de interés altas, Fenalco considera que la medida incrementa el riesgo de descapitalización empresarial y compromete la sostenibilidad de las compañías.
“Bajo las condiciones actuales, este tipo de medidas pone en riesgo la inversión, el empleo y la estabilidad económica del país”, advirtió Cabal.
Mientras los alcaldes insisten en la necesidad de mantener los decretos para atender la emergencia, Fenalco hizo un llamado al próximo gobierno y al Congreso para adoptar un compromiso con un “escudo fiscal” que proteja la inversión y evite tributos confiscatorios.
Los mandatarios locales, por su parte, reiteraron la urgencia de ser escuchados por la Corte Constitucional y pidieron que la decisión tenga en cuenta la magnitud de la crisis en sus territorios. “Somos Colombia y también pedimos su atención”, concluyeron.
La decisión del alto tribunal será clave para definir el equilibrio entre la atención de la emergencia social y los impactos económicos de las medidas adoptadas.
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