Pese a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) excluyó a Mariela Contreras, sus hijos, su esposo y su consuegro de los procesos de reparación por la masacre de Mapiripán en 1997, no modificó la condena que impuso al Estado en 2005 como responsable de la masacre.
El argumento de la CIDH para no modificar el fallo fue que aunque hubo falsas víctimas y se pagó la indemnización, esto no excluye la responsabilidad del Estado y no minimiza la gravedad de lo ocurrido en esta población en 1997. Durante la masacre seis personas fueron asesinadas y cuatro desaparecidas, según Justicia y Paz de la Fiscalía.
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