Con las liberaciones del soldado Calvo y el sargento Moncayo -que nunca han debido estar injustamente privados de su libertad el tiempo que estuvieron-, el tema de la posibilidad del Acuerdo Humanitario parece volver a tomar un segundo aire. No sólo por el ambiente positivo que generaron en la opinión pública las anteriores liberaciones, sino porque al parecer las Farc anunciaron que no habría más liberaciones unilaterales y además, según los facilitadores de las liberaciones, existiría una posición más flexible por parte de esta guerrilla.
El Presidente Uribe ha tenido hasta el momento una posición clara al respecto, los candidatos presidenciales, por el contrario, han sido más ambiguos, probablemente porque pesan en sus declaraciones más los cálculos electorales, lo cual es entendible. Del lado de las Farc no se conoce claramente la nueva posición al respecto, que al parecer dicen tener. Lo que es evidente es que la viabilidad de un acuerdo humanitario está asociada al realismo de los procedimientos y las exigencias. No se puede pensar en zonas de despeje de ningún tipo, tampoco en que sea necesario el que las partes se encuentren directamente a conversar al respecto; la experiencia internacional muestra que si realmente se quiere un acuerdo en el marco del artículo 3º común de los Protocolos adicionales a los Convenios de Ginebra para que queden en libertad personas retenidas por razones del conflicto interno armado, es suficiente con que un tercero acordado por las partes -puede ser nacional, pero es preferible que sea internacional-, reciba las propuestas de las partes y las transmita a la otra parte de manera reservada, hasta que se llegue a un protocolo que las dos partes acepten.
Igualmente no es aceptable por la opinión y seguramente tampoco por el Gobierno, que se vayan a incluir aquellos guerrilleros que han sido extraditados a Estados Unidos por acusaciones -reales o supuestas de vinculación a hechos de narcotráfico-, ni tampoco que quienes sean liberados vayan a retornar a las actividades subversivas, debe haber un compromiso de no retorno a actividades delincuenciales y por supuesto un requisito básico es que haya el compromiso de no acudir en el futuro al secuestro o retención de personas para tratar de obtener réditos políticos.
Si se logra este acuerdo en lo que resta del Gobierno Uribe -además es quien tiene el mayor margen de maniobra para hacerlo sin ser cuestionado por los sectores de poder del país-, se conseguiría la libertad de todos los miembros de la Fuerza Pública que están privados de ella sin justificación, lo cual es una tarea fundamental de solidaridad pendiente, pero adicionalmente abriría una pequeña ventana de credibilidad en la perspectiva del nuevo gobierno para explorar posibilidades de unas conversaciones de paz serias y tendientes a terminar con la confrontación en un corto plazo, lo que significa que dejen de haber grupos armados ilegales y se consolide el monopolio de la fuerza en manos del Estado.
Adicionalmente, hay un Alto Comisionado de Paz que genera credibilidad por su actitud tranquila, menos protagónica y con ganas de ayudar a solucionar este gran problema.
Si hay algo que hoy día tiene la mayoría de la sociedad colombiana es poca o nula credibilidad en lo que dicen las Farc y menos en que tenga un deseo real de terminar su ciclo de acción violenta-eso explica en buena medida las opciones que reflejan las encuestas de apoyo a las medidas de mano dura o lo que algunos llaman la 'derechización' de la sociedad colombiana-.
En ese contexto la realización sin dilaciones y con transparencia del acuerdo humanitario le devolvería un mínimo de credibilidad a la guerrilla para que los colombianos le abran una ventana de oportunidad a un serio proceso de terminación de la guerra.
* Profesor Universidad Nacional
Pico y Placa Medellín
viernes
0 y 6
0 y 6
