La Ministra de Salud y Protección Social, Beatriz Londoño, enfatizó que a la luz de los convenios suscritos por Colombia en el marco del sistema de las Naciones Unidas, el Estado no puede suministrar drogas ilícitas a sus ciudadanos.
La declaración de Londoño surgió tras la polémica generada por la propuesta del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, de crear centros de de rehabilitación para drogadictos, donde se permita el consumo controlado.
Según Londoño es necesario fortalecer los programas de prevención del consumo de sustancias psicoactivas, porque se trata de un tema de salud pública y no de criminalización de los adictos y consumidores.
“El Gobierno Nacional ha fijado una posición muy clara desde el presidente Juan Manuel Santos, en que las personas consumidoras como las personas adictas deben ser tratadas y abordadas como un problema de salud pública”, afirmó la ministra.
Londoño explicó que lo que sí está impulsando el ministerio es un programa de sustitución de heroína, una sustancia altamente adictiva, a través del suministro de metadona, medicamento incluido en el Plan Obligatorio de Salud.
Este programa es aplicado en hospitales de las ciudades de Armenia, Medellín y Cúcuta, y en los municipios de Filandia (Quindío) y Santander de Quilichao (Cauca).
Además, está en una fase piloto el suministro de kits con jeringas para los consumidores por vía intravenosa de heroína, como mecanismo para evitar el préstamo de jeringas y con ello el contagio de enfermedades como el VIH y la hepatitis.
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