Este miércoles, cuando se esperaba el último debate a la ley de víctimas, nuevamente quedó en vilo por las posiciones irreconciliables entre los autores del proyecto, el Gobierno y su coalición.
Una comisión accidental, con representantes de todas las bancadas, buscó una conciliación pero hasta el cierre de esta edición no habían entregado su informe.
Lo más preocupante para las víctimas, es que a la iniciativa se le agota el tiempo y se podría hundir si no es aprobada antes del 20 de junio. La iniciativa ha completado cuatro debates fallidos en la Plenaria.
El propio ministro del Interior Fabio Valencia Cossio, pidió a los congresistas votar la ponencia de la coalición con la advertencia que, si no se hacía, podría ser perjudicial para el país por el costo fiscal que esta traería consigo. “Queremos una norma responsable, queremos una norma factible, aplicable y responsable en lo fiscal”.
Para el Gobierno, aceptar la ponencia de la oposición podría costarle al Estado 53 billones de pesos, mientras que la que respalda el Gobierno costaría 22 billones de pesos.
El representante Guillermo Rivera aseguró que no sabe de dónde se han sacado esas cifras y pidió que le mostraran los cálculos y los estudiados.