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Familias de diputados del Valle asesinados, sin indemnización

25 de septiembre de 2013
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El Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca revocó la sentencia que ordenaba la indemnización económica a los familiares de los once diputados del Valle asesinados por las Farc.

La sentencia de primera instancia del Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Cali había obligado a la Policía, el Ministerio de Defensa y la Gobernación del Valle, a una indemnización por los hechos sucedidos entre el 2002 y el 2008.

Según se indicó en la decisión del Tribunal, "lo que aquí se discute es la responsabilidad por un hecho distinto (al secuestro), cual es su muerte en manos de sus captores. De manera que, sin mayores cavilaciones, la excepción debe ser desestimada pues se trata de procesos independientes con pretensiones distintas, no siendo compatible bajo este entendido el acaecimiento de la prejudicialidad reclamada".

Y agregó que "cuando los subversivos sustrajeron y retuvieron a los ediles -hechos por los que, dicho sea de paso, ya fue condenada la Policía Nacional- el Estado colombiano perdió la posibilidad de actuar, incidir o de dominar el proceso causal que finalizó con la muerte de aquellos, por lo que no puede de entrada achacársele una obligación de indemnizar los decesos por la mera responsabilidad que se declaró en el secuestro".

Para el juzgado, por el contrario se "configuraba la responsabilidad de los entes accionados por falla en el servicio en tanto su conducta omisiva fue factor determinante en la producción del daño por el que ahora se reclama indemnización".

El despacho agregó que "si bien la muerte de los diputados fue causada en estricto rigor por el hecho posterior de un tercero, la mencionada falla del servicio en que incurrieron las instituciones demandadas que desembocó en el rapto, constituyó también la causa eficiente de su subsiguiente deceso, amén que creó el riesgo imputable a la administración, que se materializó y por tal razón debe ser resarcido".

Fabiola Perdomo, esposa del diputado Juan Carlos Narváez, declaró que "es injusto e inequitativo. Me genera muchas dudas esta decisión. Ellos dicen que ya fuimos reparados por el secuestro, pero no puede ser lo mismo. Nosotros recibimos nuestros familiares muertos. No hay equidad, con la muerte de nuestros familiares se perdieron todas las esperanzas para nosotros. Y este fallo se da cuando hablan de reparar a las víctimas. Algunos administradores de justicia van en contravía de esto".

Por su parte, Diego Quintero, hermano del diputado Carlos Alberto Quintero, señaló que "me sorprende. Si el secuestro no tiene relación con el mismo secuestro, entonces no entiendo. Entonces culpen a los diputados".

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