Los ministros del Interior y de Justicia designado, Germán Vargas Lleras y Juan Carlos Esguerra, respectivamente, radicaron ayer en el Senado el acto legislativo por medio del cual el Ejecutivo pretende reestructurar el Poder Judicial.
Según Vargas, la reforma busca que el sistema sea eficaz y eficiente en la administración de justicia.
La reforma, que en algunos aspectos fue concertada con las altas cortes, tiene 25 artículos, que incluye, como principal novedad, otorgar funciones jurisdiccionales a servidores judiciales diferentes a magistrados y jueces, tales como notarios, abogados en ejercicio y encargados de centros de conciliación y arbitraje. En un mandato especial que busca descongestionar los despachos judiciales, que hoy tienen más de dos millones de procesos acumulados.
Sobre los cambios a la tutela, aspecto que no está concertado y que se deberá discutir en el Congreso, el Gobierno propone regular su procedencia contra sentencias judiciales, incluso las proferidas por las altas cortes, "sin afectar la posibilidad de que el ciudadano haga uso de ella a la hora de hacer valer sus derechos fundamentales".
Se insiste en la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura y se crea el Consejo Superior Judicial.
Los presidentes de las altas cortes expresaron su preocupación por el proyecto de reforma. El presidente del Consejo de Estado, Mauricio Fajardo, precisó que "se pone en riesgo la autonomía y la independencia del poder judicial".
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