La Comisión Interamericana de Derechos Humanos citó ayer al Gobierno colombiano a una audiencia pública para hablar sobre las restricciones de derechos políticos y garantías, puntualmente, sobre el caso del exalcalde Petro. Sin embargo, pese a que el Gobierno asistió a la audiencia, se retiró para no afectar un posible caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Previamente el Estado colombiano le solicitó a la Corte la cancelación de la audiencia debido a que ya hay un proceso en curso en el tribunal internacional.
Según el embajador de Colombia ante la Organización de Estados Americanos, Andrés González, "reconocemos el sistema interamericano de derechos humanos y asistiremos a las audiencias a las que hubiere lugar para presentar las consideraciones a profundidad que requiere el caso".
Si el Gobierno hubiere asistido a la audiencia se exponía a tocar de fondo el caso, lo que atentaría contra el derecho del Estado Colombiano a un debido proceso, en un futuro litigio.
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