Dos comisiones de Guatapé, una del Concejo y otra de la Alcaldía, buscan interceder ante Catastro Departamental para revisar el incremento del avalúo catastral que sirvió de base para un ajuste en el impuesto predial.
Así lo expuso el concejal Elkin Darío García, quien dijo que la actualización catastral rural y urbana, que no se hacía hace más de cinco años, corresponde a un estudio de Catastro Departamental. Aseguró que se busca llevar a funcionarios del ente departamental para que expliquen cómo fue el procedimiento. Ejemplificó que un campesino con un predio cerca a la Piedra, que estaba avaluado en $150 millones, quedó en $700 millones. Implicó pasar de pagar un predial de 60 mil pesos trimestral a $450 mil.
El alcalde, Mauricio Alejandro Hernández, indicó que si bien por ley les correspondía hacer la actualización, es preocupante el incremento. El valor de los predios rurales pasó de $79.000 millones a $491.000 millones.
Dijo que ofició a Catastro para conformar una mesa técnica, atender reclamaciones y buscar opciones. En su opinión, para un campesino implica un costo alto, aunque valoró que para el caso de EPM, el Municipio pasará de recibir $212 millones a $1.000 millones por año.
En reciente informe de El Colombiano, la Dirección de Sistemas de Información y Catastro del Departamento señaló que en 2013 se realizaron actualizaciones catastrales en Amagá, Amalfi, Andes, Apartadó, Betania, Chigorodó, Cocorná, Ebéjico, El Retiro, Entrerríos, Envigado, Guatapé, Jericó, La Pintada, La Unión, Marinilla, Mutatá, Necoclí, Sabaneta, San Andrés de Cuerquia, San Carlos, San Vicente, Santa Fe de Antioquia, Venecia y Yarumal.
Con base en los nuevos avalúos se facturaron los prediales para 2014.
Juan Rodrigo Higuera, jefe de esa dependencia, adelantó que se llevan a cabo 18 procesos de actualización catastral que entrarán en vigencia en 2015. Explicó que en estas localidades se revisan predios y construcciones nuevas, actualización de condiciones jurídicas del propietario y los avalúos, que según la Ley 1450 de 2011, no podrán ser inferiores al 60% del valor comercial. Estudian ventas, arrendamientos e hipotecas.
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