El presidente de Venezuela, Hugo Chávez Frías fue denunciado penalmente ayer ante el fiscal General de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo, y Venezuela fue demandada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), recursos interpuestos por el abogado penalista colombiano Jaime Granados.
En ambos casos, según Granados, la demanda y la denuncia, se interpusieron las acciones legales con poderes de víctimas para poner en conocimiento todas las pruebas sobre violaciones de derechos humanos.
Según Granados, los ámbitos de competencia de la CPI y la Cidh están definidos para defender a las personas por delitos de lesa humanidad y violaciones de derechos humanos (protección a la vida y la integridad corporal, etc).
"Hay múltiples pruebas que hemos conseguido de víctimas que han sufrido a través de la actuación, que ya es de público conocimiento, de lo que ha ocurrido en Venezuela. La única forma ante la inacción de Venezuela en esa materia es que los máximos tribunales de mayor competencia en el mundo se pronuncien. Existen acciones para hacerlo y eso es lo que hemos presentado ante la Cidh, que es el vehículo con capacidad jurídica en el hemisferio para actuar y a nivel global ante la CPI, en lo que tiene que ver con la persona de Hugo Chávez Frías", sostuvo anoche Granados a EL COLOMBIANO.
Según el abogado, hay múltiples elementos probatorios y soportes para que puedan ser valorados por esos organismos. Además, dijo Granados, hay un mecanismo que se llama "examen de accesibilidad", para que los procedimientos hagan su trámite ante los organismos.
La denuncia contra Chávez y la demanda contra la República Bolivariana de Venezuela se hacen, según informó Granados, con poderes dados por víctimas que por razones de seguridad los estatutos de estas instancias internacionales lo facultan para hacerlo y mantener en reserva estas identidades.
Granados reveló que en los próximos días estará viajando a Washington, Estados Unidos, (sede de la Cidh) y a La Haya, en los Países Bajos, (desde donde delibera la CPI).
Al proceso le espera un trámite que no será corto en los dos organismos y el próximo escollo será que supere el examen de accesibilidad, que es un requisito técnico.
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