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Con decreto, Gobierno venezolano nacionalizó tres cementeras

19 de junio de 2008
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El gobierno dictó el decreto por el que nacionaliza las tres cementeras que eran controladas por los grupos Cemex de México, Holcim de Suiza, y Lafarge de Francia, informó este jueves la agencia estatal de noticias y el presidente Hugo Chávez afirmó que se pagarán las indemnizaciones.

El vocero de Cemex, Jorge Pérez, señaló que la empresa no emitiría ningún comentario sobre la decisión del gobierno.

La nacionalización de las tres cementeras, anunciada en abril pasado, entró en vigencia este jueves luego de la publicación en la Gaceta Oficial del decreto que emitió el presidente Hugo Chávez para asumir el control de las empresas, indicó la estatal Agencia Bolivariana de Noticias (ABN).

El decreto presidencial prevé que las sociedades mercantiles Cemex Venezuela, Holcim Venezuela C.A y la Fábrica Nacional de Cementos del grupo Lafarge y sus empresas filiales, se transformarán en compañías del Estado, con una participación estatal no menor del 60 por ciento de su capital social.

Asimismo, fueron declaradas de utilidad pública y de interés social las actividades que desarrollan las mencionadas sociedades mercantiles.

"Vamos a pagar": Chávez
Chávez, en un acto en un teatro capitalino donde participó el presidente electo del Paraguay Fernando Lugo, dijo que "vamos a pagar a los inversionistas extranjeros que estuvieron aquí, y a otros sectores privados nacionales".

A pesar de la medida de nacionalización de las cementeras, el gobierno venezolano tiene previsto seguir adelante con las negociaciones con Cemex, Holcim y Lafarge.

Chávez había anunciado en abril la nacionalización de las cementeras, pero no fue hasta este jueves cuando se concretó la toma de control de las empresas por parte del Estado.

La emisión del decreto se concretó luego que el Tribunal Supremo de Justicia dictaminó esta semana que la nacionalización de las cementeras estaba ajustada a la constitución.

El máximo tribunal dijo en la sentencia que se "justifica la gestión directa de la actividad cementera por parte del Estado venezolano" porque eso incidirá en el "desarrollo de infraestructura física dirigida a satisfacer intereses generales".

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