La Unión Europea (UE) dio este jueves un nuevo paso hacia la puesta en marcha de una gestión de la inmigración más estricta y vinculada a las necesidades del mercado laboral al alcanzar un acuerdo sobre el Pacto Europeo sobre Inmigración y Asilo.
El Consejo de Ministros comunitario cerró un acuerdo político sobre el Pacto, que será aprobado formalmente en la cumbre de líderes de la UE del 15 y 16 de octubre.
El texto de diez páginas limita la inmigración a las necesidades del mercado laboral y la capacidad de integración del país de acogida, con una firmeza total contra los indocumentados y descartando las regularizaciones masivas de ilegales.
Este Pacto, uno de los objetivos prioritarios de la presidencia francesa de la UE, es solo un compromiso político a partir del cual se deben articular las nuevas medidas de la política común de inmigración que tomarán forma en los próximos años.
El ministro francés de Inmigración, Brice Hortefeux, rechazó que con este Pacto la UE vaya a convertirse en una "fortaleza", pero afirmó que tampoco puede ser un "colador" por el que se pase sin control.
"Una Europa colador significa la puerta abierta a la clandestinidad y a la indignidad" de los inmigrantes, afirmó Hortefeux, uno de los artífices del Pacto, en una conferencia de prensa tras el final del Consejo de Ministros de Justicia e Interior.
Aspectos concretos del pacto
El ministro español de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, consideró que el Pacto "es un gran paso" dentro del objetivo de los Veintisiete de "ligar los flujos migratorios al mercado de trabajo" a fin de evitar el tráfico de personas y los abusos que sufren los indocumentados.
Si no se consigue vincular la inmigración a las necesidades laborales se producen una "degradación del mercado de trabajo y una regresión de las conquistas sociales", aseguró.
El Pacto tiene cinco puntos básicos: organizar la inmigración legal según las necesidades y la capacidad de acogida; combatir la inmigración ilegal y expulsar a los irregulares; fortalecer los controles fronterizos; aumentar la cooperación con los países de origen y mejorar el sistema de asilo.
"La Unión Europea no dispone de medios para acoger dignamente a todos los emigrantes que esperan hallar una vida mejor", señala claramente el texto.
Por ello, indica que la gestión de la inmigración en la UE debe tener en cuenta la situación del mercado laboral, así como los recursos disponibles en materia de alojamiento, sanidad y educación.
La tarjeta azul
Dentro del objetivo de lograr una inmigración controlada y selectiva, el Consejo de Ministros logró un principio de acuerdo sobre una de las propuestas que pueden comenzar a plasmar en la práctica los principios del Pacto: la creación de una "tarjeta azul" para atraer a inmigrantes altamente cualificados.
La reunión acordó los principales elementos de esta iniciativa, aunque todavía falta por definir la fecha de entrada en vigor, que no sería antes de mediados de 2011, debido a las reticencias de la República Checa.
La "tarjeta azul" ofrece ventajas legales y prácticas a los inmigrantes más capacitados procedentes de países extracomunitarios, que actualmente suelen preferir asentarse en E.U. o Canadá, y precisamente el nombre sigue la pauta de la "tarjeta verde" estadounidense (aunque el mecanismo legal es diferente).
Corbacho destacó que la UE aceptó una propuesta española para evitar que este mecanismo abra la puerta a una "fuga de cerebros" de países en desarrollo en sectores donde sus naciones necesitan profesionales especializados.
La propuesta define como inmigrantes altamente capacitados a los que tengan estudios universitarios de por lo menos tres años, o una experiencia profesional demostrable en un trabajo equivalente durante un mínimo de 5 años.
Además, recibirán un salario anual bruto del 150 por ciento del salario medio de cada país, aunque en algunos casos podrá ser del 120 por ciento.
En España, el salario medio bruto de unos 22.000 euros, según las estadísticas, aunque la cifra real es variable en función de las actividades económicas y las zonas geográficas, explicaron fuentes diplomáticas.
Por ello, un inmigrante de este tipo cobraría a partir de unos 33.000 euros brutos anuales, independientemente de las citadas variaciones por profesiones o provincias.
