La decisión de la Superintendencia de Sociedades de liquidar a Interbolsa S.A., no puede significar el fin de los procesos abiertos y por el contrario debe ser garantía para que se responda a los inversionistas.
La liquidación judicial resulta ser el final de un proceso de reorganización, ante la iliquidez de la firma comisionista y las imposibilidades para que reanudara su operación dados los múltiples incumplimientos, como consecuencia de maniobras especulativas, motivo de investigación.
Al ordenarse la liquidación el paso siguiente es cuantificar los activos y empezar la distribución de los recursos disponibles, privilegiando en primer lugar a sus trabajadores.
En medio de la incertidumbre que hoy viven, lo deseable es que quienes confiaron a la firma la administración de sus recursos puedan recuperar, sino toda, al menos buena parte de los mismos.
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