Una condena de cuatro años, la inhabilidad para ejercer cargos públicos durante los próximos 80 meses y un multa de 66 salarios mínimos legales vigentes, fueron las sanciones que el Tribunal Superior de Bucaramanga impuso a Juan de Dios Solano, juez Segundo de Menores.
Solano es procesado por el delito de prevaricato agravado, ya que en abril del 2011 resolvió un recurso de Hábeas Corpus ordenando la libertad de José Marbel Zamora, alias "Chucho", hombre cercano al extinto jefe de las Farc, alias "Mono Jojoy".
En su momento el Juez Segundo de Menores argumentó su decisión aduciendo que hubo varias inconsistencias en la detención de alias "Chucho", ocurrida el 29 de octubre de 2008.
Pese a que contra este guerrillero estaba vigente una condena de 19 años de prisión y que es investigado por su presunta participación en el atentado contra el Club el Nogal en Bogotá el 7 de febrero de 2003, el juez ordenó su libertad.
"Chucho", quien entonces se encontraba recluido en la Cárcel de Mediana Seguridad de Palogordo, en el municipio de Girón, alcanzó a estar varios minutos en libertad pero fue arrestado nuevamente tras un requerimiento de la Fiscalía Octava de Bogotá, por el delito de secuestro extorsivo.
La polémica decisión tomada por Solano dio paso a una investigación en su contra liderada por un fiscal anticorrupción, quien el 17 de junio de 2011 le imputó cargos por el delito de prevaricato agravado.
Un año y ocho meses después la Sala Penal del Tribunal Superior de Bucaramanga condenó a Solano a cuatro años de prisión. La defensa del procesado apeló la decisión ante la Corte Suprema de Justicia.
Esta decisión generó una fuerte polémica, que incluso, metió en apuros al presidente Juan Manuel Santos, cuando en su alocución presidencial del 24 de abril de 2011, expresó su inconformidad con la medida y dijo: "Entendemos que en toda institución hay manzanas podridas, hay gente que no trabaja con el mismo espíritu y con la misma dedicación".
Estas declaraciones llevaron al Juez Segundo de Menores a interponer una acción de tutela, por considerar que se afectó su nombre y honra.
Si bien el Tribunal Superior de Santander tuteló los derechos del juez Solano, el apoderado del Presidente de la República impugnó la decisión ante la Corte Suprema de Justicia, que en fallo del 13 de julio revocó la decisión del Tribunal y negó el amparo impetrado por el Juez.
Por eso, el presidente Juan Manuel Santos, no tuvo que rectificar lo dicho, pues la Corte consideró que no se probó que sus palabras causaran daño alguno al Juez.
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