Mañana se cumple un año desde que comenzó a funcionar la Sala de Conocimiento de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín, una de las tres que operan en el país.
Su presidente es el magistrado Rubén Darío Pinilla Cogollo, quien tiene una visión muy crítica sobre la forma en que se han llevado a cabo los procesos con las Autodefensas Unidas de Colombia, desde que se creó la ley en 2005.
Tras 7 años de operancia de la ley de Justicia y Paz, ¿qué fisuras le ve?
“1. El proceso de negociación fue improvisado, se les dijo entregue armas, diga su nombre y se le envió a reinserción. Ha sido difícil reconstruir dónde están los desmovilizados, qué se hicieron. 2. El Gobierno mantiene un control discrecional para definir a quiénes postula a la ley; mientras las autodefensas no puedan postular, se cierran y no suministran información. 3. La extradición afectó, eran los cabecillas quienes tenían la mejor posibilidad de reconstruir lo que pasó, y los enviaron a E.U. para que fueran juzgados por narcotráfico y no por las violaciones en Colombia. 4. Si no están los cabecillas que son los que tienen la capacidad económica de reparar, se abre un espacio que atenta contra los principios de la ley, no hay reparación y aparece la impunidad. 5. Hubo un error en la concepción de la ley, la gente cree que es para que a las personas se les ponga una pena de ocho años a cambio de entregar las armas, y que era para juzgar delitos individuales. No es esa la pretensión, reconstruir la verdad implica saber las causas de esta tragedia, quiénes apoyaron, los empresarios que financiaron, los políticos que se valieron de ellos, la fuerza pública que los apoyó”.
¿Y el papel de la Fiscalía?
“La Fiscalía no tuvo una estrategia adecuada para abordar la investigación de estos delitos como crímenes sistemáticos. La mayoría de postulados con imputación, son de menor rango. Los máximos responsables no están siendo judicializados suficientemente, hay pocos comandantes. Y hay otra preocupación: la mayoría de postulados que estamos judicializando ya estaban condenados por la justicia ordinaria; en casos donde la justicia funcionó, son los que están trayendo aquí para obtener beneficios. Ellos también hacen aportes, pero son limitados porque no tienen toda la información. Me cuestiono de a quiénes les está dando prelación la Fiscalía en el proceso”.
Son tantas las víctimas y los hechos a investigar, ¿eso no desborda los sistemas?
“Esa es otra de las dificultades de la ley de Justicia y Paz. El país vivió una tragedia humanitaria de tales proporciones que todavía no es consciente de su alcance y magnitud. La cantidad de crímenes y su gravedad es tal, que desborda cualquier previsión, cualquier imaginación, eso dificulta la tarea de la justicia, a la cual le toca hacer dos cosas: la reconstrucción de la verdad y el juzgamiento penal. Lo que puede allanar el camino es entender que son crímenes sistemáticos y no individuales, mirarlos como una suma de delitos, que por su patrones es posible en un gran contexto para juzgarlos colectivamente”.
El sistema pide a los postulado que hablen, pero cuando salpican gente poderosa, estos dicen que no vale la versión de un bandido, ¿cómo valorar eso?
“Eso se ha convertido en un sofisma para protegerse de las acusaciones de los desmovilizados. La condición es que digan la verdad, y no puede partirse de descalificar lo que revelan. La extradición cumple el mismo objetivo, se dice que los hechos que ellos revelan están inspirados en una venganza por la extradición que sufrieron y las cosas no funcionan así. Hay que valorar su testimonio y otras pruebas que permiten corroborarlo o desvirtuarlo. Nadie conoce mejor a quienes participaron en un delito, que aquellos que lo cometieron”.
¿Cómo ve el fenómeno de las bandas criminales (bacrim)? Se dice en el bajo mundo que crecerán a tal punto que pedirán una segunda desmovilización...
“No me atrevería ni me parece conveniente que me introduzca en ese tema, porque una de las cosas que debe examinar la Sala es precisamente qué pasó en ese tránsito entre los grupos de Auc que se desmovilizaron y la continuidad del fenómeno que ahora se llama bandas criminales. Eso es parte de los análisis que estudia la Sala, porque la ley contempla unos requisitos de elegibilidad, como el desmantelamiento de esas estructuras, entonces no quisiera adentrarme en ese fenómeno porque hace parte del proceso mismo. Sin embargo, no veo en el horizonte la posibilidad o la intención de otra negociación con las bacrim”.
¿En Antioquia ha sido condenado algún postulado?
“No hemos llegado a ese estadio de las sentencias. La Sala de Conocimiento de Justicia y Paz de Medellín tiene competencia en Córdoba, Antioquia, Chocó y el Eje Cafetero. Fueron 15 bloques los que tuvieron injerencia ahí y la sala tiene que documentarlos todos. Tenemos tres magistrados y es un proceso dispendioso. Estamos trabajando con limitaciones”.
¿Usted cree que en cuánto tiempo se lograría finalizar el proceso, esclarecer y emitir un fallo por todos los delitos de las Auc?
“No digamos de todos los delitos, uno no puede trasarse objetivos absolutos, pero sí los delitos que respondan a unos estándares para no dejar brechas de impunidad amplísimas. Con los equipos, la estrategia y la dirección adecuada... no debería tardar más de cinco años”.
¿Cinco años a partir de este momento?
“En este momento hay problemas en la dirección, la estrategia, los equipos. Si uno hace un proceso bien diseñado, puede lograrlo en cinco años. Como está ahora, no”.
