Hay tantas razones para estar lleno de esperanza, así como de escepticismo, de que las conversaciones de paz anunciadas recientemente entre el Gobierno colombiano y las Farc llevará el conflicto armado que padece el país, desde hace mucho tiempo, a su fin.
Todo el mundo tiene una opinión respecto de si las condiciones son ahora suficientemente favorables como para producir una paz duradera. Lo que es claro es que el presidente Juan Manuel Santos ha tomado un gran riesgo al seguir ese camino.
Es posible que haya decidido apostar debido a su caída en el apoyo público, con la mirada puesta en la reelección en 2014. Pero su motivación es menos importante que el hecho de que él y su gobierno, y la nación, tengan éxito en enfrentar un desafío tan enorme.
La razón principal para creer que existe una razonable posibilidad de éxito es que, gracias en gran parte a la política de “seguridad democrática” puesta en marcha durante la presidencia de Uribe, el Estado colombiano es mucho más fuerte -y las Farc más débil- que hace doce años durante el último intento fallido de hacer la paz.
Santos está aprovechando sabiamente el éxito de su predecesor en la mejora de la seguridad para dar otra oportunidad a la paz.
Afortunadamente, a Colombia no le falta experiencia en este tema.
El país ha tenido logros notables -bajo la administración Gaviria, por ejemplo- pero también ha tenido su cuota de frustraciones.
En esta oportunidad, los negociadores del Gobierno a lo mejor hayan sacado lecciones y van a ser más pragmáticos y sofisticados.
Otros desarrollos que son un buen augurio es la agenda interna del gobierno de Santos durante sus primeros dos años -incluyendo a las víctimas y las medidas de reparación de tierras-, así como los cambios positivos en su política exterior.
Estos han ayudado a mostrar buena voluntad y han producido un ambiente más propicio regional e internacional.
Sin embargo, incluso los observadores más optimistas se preguntan si las conversaciones que se inician el 8 de octubre en Oslo serán fructíferas.
Las Farc pueden estar militarmente debilitadas, pero no hay garantía de que estén dispuestas a negociar de buena fe. Su marco de tiempo puede no estar en “meses” como es la idea del presidente Santos, sino en años.
Es alentador que sólo hay cinco temas por discutir en las negociaciones.
Pero ninguno de los puntos agendados será fácil. El desarrollo rural puede ser el más complicado ya que no está claro que las Farc estarían dispuestas a aceptar con respecto a una reforma agraria. La cuestión de las drogas también será complicada.
Hay algunas lecciones que pueden aprenderse de la desmovilización de los grupos paramilitares y la propagación de los grupos criminales.
Y es siempre difícil lograr un equilibrio adecuado entre los derechos de las víctimas, que deben ser tomadas en cuenta, con la importancia de negociar un acuerdo de paz.
Es tentador señalar los obstáculos en el proceso que la administración de Santos ha comenzado.
Pero las encuestas muestran que la opinión pública colombiana apoya el esfuerzo de paz. Es un paso natural para un país que ha avanzado tanto en los últimos años.
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