Se ha consumado la ruptura entre la prensa y el presidente estadounidense. En 2008, y en menor medida en 2012, los medios pusieron el acento en el candidato "buena onda" que era Barack Obama.
Hoy en día, su gobierno es presentado como adepto del secreto y la intimidación, cazando a los autores de fugas de información con "un vigor sin precedentes desde el gobierno de Richard Nixon ", como dijo Leonard Downie, vicepresidente de The Washington Post.
George W. Bush no fue particularmente tierno con la prensa, pero ésta lo trataba bien. Pero para los periodistas, la sorpresa ha sido ver que el gobierno de Obama "ha continuado e incluso acentuado la represión de las fugas de información", explicó a The New York Times la investigadora de la revista New Yorker Jane Mayer, que reveló al público los memorandos del Departamento de Justicia que autorizaban la tortura en 2002.
El enfrentamiento estalló el 13 de mayo, cuando la agencia Associated Press reveló que el Departamento de Justicia había obtenido, un año antes, la información de veinte de sus líneas telefónicas. La FBI trataba de localizar el origen de un informe publicado el 7 de mayo de 2012 por la agencia sobre un intento fallido de atentado contra un avión de EE. UU. en Yemen.
Antes de la publicación, la AP consultó con funcionarios del gobierno, como lo hace generalmente toda la prensa cuando se trata de temas relativos a la seguridad nacional.
La agencia esperó la luz verde durante cinco días. Fue una gran sorpresa cuando la dirección de la agencia se enteró, mediante una carta con fecha del 10 de mayo, que sus líneas telefónicas habían estado intervenidas durante dos meses.
Fueron captados miles de números de teléfono. Y contrariamente a los procedimientos dictados por el propio Departamento de Justicia, éste no lo informó a la agencia, impidiéndole que actuara judicialmente.
Una semana más tarde, The Washington Post reveló que un periodista de Fox News, James Rosen, había sido objeto de una vigilancia sin precedentes por haber publicado informes considerados secretos sobre los preparativos de un ensayo nuclear norcoreano. La FBI obtuvo del Departamento de Estado el detalle de sus entradas y salidas del edificio y penetró en su cuenta de correo de Gmail.
Ahora bien, aunque los investigadores revisan regularmente los mensajes de correo electrónico de los sospechosos de fugas de información, les está prohibido meterse en los documentos de los periodistas, salvo que estén acusados de algún delito. Los defensores de la primera enmienda, que protege la libertad de prensa, han denunciado esta "criminalización del periodismo".
Cincuenta y dos órganos de prensa enviaron una protesta al secretario de Justicia, Eric Holder. Para David Brooks, de The New York Times, el Departamento de Justicia se ha vuelto "totalmente loco". La tecnología permite ahora rastrear las fuentes, agrega. "Es grande la tentación de ir a ver los mensajes de correo electrónico de los reporteros. Habrá que autodisciplinarse", señala Brooks. Los especialistas de la investigación han deplorado los efectos de esta situación. Sus fuentes ya no quieren hablar, sobre todo porque las autoridades se han negado a revelar quién sigue bajo vigilancia.
Barack Obama se dio cuenta de que no podía echarse en contra a la prensa, especialmente cuando su gobierno está siendo criticado por otras controversias. En su discurso sobre la seguridad nacional, el 23 de mayo, se declaró "inquieto" por las repercusiones de esas investigaciones en la misión de informar. "Los periodistas no deberían incurrir en riesgos judiciales por el simple hecho de hacer su trabajo", afirmó.
El presidente le pidió a Holder que consultara con los medios de prensa y le presentara un reporte antes del 12 de julio, sin preocuparse de que haya sido el mismo secretario quien firmó la orden de vigilar al reportero de Fox News. En el caso de la intervención de teléfonos en la AP, Eric Holder se recusó, pues él mismo fue interrogado sobre el origen de la fuga, aunque no lo hizo por escrito. Esa ligereza resulta sorprendente y, como era de esperarse, los republicanos tienen la intención de llevar a fondo esa investigación. Holder, cuya cabeza han pedido los republicanos desde hace años, es el primer procurador general afroamericano. Es parte del círculo íntimo de Obama.
"La marca de Obama está bajo ataque", comentó Carl Bernstein, compañero de Bob Woodward en el caso de Watergate. Sobre todo porque el asunto se inscribe en un contexto cada vez más conflictivo entre la prensa y el gobierno.
Los medios tradicionales se quejan de ser desdeñados por la Casa Blanca, que privilegia las redes sociales y genera ella misma su propia información, en forma de fotos y videos que distribuye por Internet.
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