Precisamente cuando el Consejo de Estado nos sorprende con una decisión jurídica que ya nadie creía posible dado el grado de politización y mediatización de la justicia, esta semana los magistrados deshicieron con el codo lo que estaban arreglando con la mano.
Los embates de distintos magistrados, el más alto cargo en la justicia para que no olvidemos, contra las distintas ramas del poder público demuestran una intolerancia y soberbia que asustan.
Todo, obvio, alrededor de un tema: que respondan por sus actos.
En dos escenarios, la reforma a la Justicia y la investigación de la Contraloría por el carrusel de pensiones.
Que se premia a los malos y se castiga a los buenos, dijo uno. Que es una revancha del Congreso, dijo otro. Que si nos es por la Corte Suprema, Mancusoy Jorge 40 hoy eran ministros de Estado, afirmó uno más. Que se quiere recortar el poder de la única rama que hoy no controla el Gobierno, llegaron a decir. O que los ataques a las Cortes son más peligrosos que los de 50 años de ataques de la guerrilla.
¿Se imaginan si un congresista, para no hablar de un ministro o un Presidente, dijeran algo similar sobre un fallo?
El escándalo mediático, político y jurídico sería de grandes proporciones.
Pero no, cuando de despropósitos de Justicia como los sucedidos esta semana se trata, la reacción es casi nula. Y la razón es una: a las altas Cortes nadie las ronda, ante nadie rinden cuentas (bueno sí, la comisión de absoluciones) e intimidan con fallos o pronunciamientos a funcionarios como sucedió con la Corte Suprema de Justicia con el Procurador General.
Las altas Cortes no quieren ningún tipo de control. Quieren tener carta blanca para regalar pensiones millonarias impunemente a amigos o familiares.
Quieren tener carta blanca para, impunemente, coartar funciones del Ejecutivo como es el de nominación, lo que sucedió con las dos ternas para la Fiscalía que envió Álvaro Uribe.
Quieren tener carta blanca para recibir costosos regalos de aquellos que acaban en la cárcel sin que pase nada. Y podría continuar con esta lista de abusos de unas Cortes que se desmadraron y rompen la institucionalidad sin que nada los frene.
El gobierno Santos les abrió a las Cortes todas las puertas para participar en la reforma de la Justicia y como no se les dio gusto se retiraron del proceso. Ahora la atacan con todas las cargas de profundidad posibles.
Esta reforma no es buena. No va al fondo de la crisis de la Justicia y no resuelve los temas de acceso, seguridad jurídica o garantías.
No elimina los factores que la politizan, las nominaciones y el Consejo Superior de la Judicatura, no pone controles a los cambios repentinos e injustificados de jurisprudencia ni tampoco crea un organismo serio de control penal, disciplinario o fiscal.
Pero el hecho de que no lo sea no justifica esa oposición cerrada a reforma alguna como lo expresó con gran sentido de frustración Gloria María Borrero, directora de la Corporación Excelencia en la Justicia.
La pregunta ahora no es cómo se le pone el cascabel al gato, sino cuándo.
Si bien hay que respetar su fuero e independencia, a la Justicia le llegó el tiempo de la reforma.
Agotadas todas las oportunidades, como se ha visto, es hora de abrir nuevas opciones como hizo Virgilio Barco, al final de su mandato, en respuesta a la sinsalida del narcoterrorismo.
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