Análisis
Francisco Ochoa
Experto en avalúos
En escritos anteriores he sostenido la hipótesis que el avalúo de los bienes inmuebles que serán adquiridos por el Estado por motivos de utilidad pública, debe ser elaborado bajo la óptica de la integralidad del avalúo, es decir, el avalúo debe incorporar el valor del inmueble (terreno más construcción), adicionando el daño emergente y el lucro cesante, en el evento que existan. Lo anterior ha sido confirmado por sentencias de la Corte Constitucional.
Sin embargo, se sigue observando cómo muchos funcionarios de entes públicos desconocen e ignoran estas disposiciones y solo reconocen a los propietarios de inmuebles que van a ser adquiridos por el Estado el valor del lote y parte del valor de las edificaciones.
En esta práctica indebida juegan papel protagónico muchos avaluadores que, ignorando el alcance de las normas, elaboran los avalúos tal y como lo solicitan los entes públicos, desconociendo las normas vigentes. Para reforzar la necesidad de considerar el criterio de la integralidad expresado previamente, se citan a continuación algunos artículos de la Ley 1450 de 2011 (Ley de Desarrollo).
Artículo 83°, Motivos de utilidad pública: para efectos de decretar su expropiación, además de los motivos determinados en otras leyes vigentes, declárese de utilidad pública o interés social los bienes inmuebles necesarios para la ejecución de proyectos de infraestructura de transporte.
Artículo 246°. Avalúos en procesos de adquisición de inmuebles: Los peritazgos practicados dentro de los procesos de expropiación judicial o administrativa deberán partir del avalúo practicado con fundamento en la reglamentación vigente del Gobierno Nacional o aquella que la sustituya de conformidad con lo previsto en este artículo, así como en las normas adoptadas por el Igac para su desarrollo.
Se puede concluir que cada día surgen más argumentos que refuerzan la validez de la hipótesis planteada.
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