No deja de ser una situación incómoda y lamentable para ella la orden de detención proferida por la Corte Suprema de Justicia contra la senadora y expresidenta del Senado, Dilian Francisca Toro.
Su detención no significa que sea culpable, y albergamos la esperanza que la senadora pueda salir avante en este proceso, que se le respete el debido proceso y su presunción de inocencia. Por el bien de ella, del Congreso y del país.
Aunque las responsabilidades penales son individuales, sí resulta muy inconveniente para el Congreso que varios de sus más altos representantes, en especial los que han sido presidentes del Senado en los últimos años, estén en procesos judiciales por distintos delitos, algunos de ellos ya condenados.
La imagen del Legislativo, en parte, ha vuelto a quedar empañada, pero no es justo ni prudente generalizar.
Los delitos que se le imputan a la senadora Toro son graves, máxime cuando ahora se conoce del hallazgo de fosas comunes en los predios de una de las propiedades que están siendo objeto de investigación por presunto lavado de activos a través de operaciones con narcos.
El Partido de la U ha asumido su responsabilidad política en el caso de Dilian Francisca y la decisión de suspenderla de la colectividad es sana, pero no puede entenderse como una condena por anticipado. Lamentable todo lo que está pasando, pero también es urgente resolverlo.
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