Esperar. Su esposo no llegó en la noche como lo había prometido. Al otro día la espera mudó en angustia y más tarde en llanto con la noticia que trajeron conocidos. A Lisinia le confirmaron que lo habían asesinado en uno de los caminos.
Lisinia Collazos sintió que lo temido semanas atrás se empezaba a hacer realidad. La llegada de los paramilitares a la región del Naya acabaría con la paz de las comunidades indígenas y afrodescendientes que vivían allí.
Desde diciembre de 2000 la gente se tuvo que acostumbrar al paso de hombres armados que avanzaron intimidando, controlando los horarios e imponiendo sus reglas. Ellos no eran los únicos que se paseaban por el Naya, la guerrilla ya llevaba un buen tiempo habitando en la región ubicada entre los departamentos de Valle del Cauca y Cauca.
Los paramilitares del bloque Calima, en la tarde del martes 10 de abril de 2001, llamaron al esposo de Lisinia. Él dijo que regresaba en la noche pero fue ella quien tuvo que salir a buscarlo para enterrarlo.
Una ceremonia reservada, casi a escondidas por temor y amenazas, fue la manera en que lo despidió con sus suegros y sus tres hijos. Antes del 15 de abril de ese año la mujer se fue de la región. El temor a la muerte la hizo dejar lo que habían conseguido. También se fueron sus vecinos.
Esa es solo una de las historias reconstruidas de la masacre que se perpetró entre el 9 y el 13 de abril de 2001 y que en los días previos y posteriores generó desplazamientos masivos, que según la Fiscalía fueron de cerca de 1.500 personas, mientras que los pobladores hablan de cifras que superan las 4.000.
Versiones libres inconclusas
Una década después, los familiares de las víctimas aún se preguntan ¿qué pasó? Siguen indagando por los autores intelectuales y cómplices de la arremetida paramilitar.
Éver Veloza García, alias "HH" o "Carepollo", era el comandante del bloque Calima de las autodefensas, quienes asesinaron a 35 personas, según los registros de la Fiscalía y más de cien según las comunidades indígenas, y antes de ser extraditado en marzo de 2009 a Estados Unidos, aceptó su responsabilidad en la incursión a la región del Alto Naya.
Aunque se ha logrado la recuperación e identificación de algunos cuerpos, 46 según una autoridad indígena, "todavía faltan muchos, el Naya es tan grande y si sumamos los que fueron asesinados antes y después de la masacre, son más de cien", comentó Lisinia.
Pero, por Justicia y Paz, el proceso apenas empieza. El despacho del Fiscal 18 de la Unidad de Justicia y Paz explicó que el proceso se ha tardado porque los postulados eran pocos.
Apenas en marzo pasado, una década después del crimen múltiple, se programó una versión libre con 60 postulados, desmovilizados del bloque Calima que participaron en la incursión y que empiezan a reconstruir lo ocurrido en aquel abril.
Se realizaron cinco audiencias. Las otras nueve tuvieron que ser suspendidas por problemas técnicos que impidieron la transmisión, a través de pantallas, a sitios exclusivos para las víctimas en el corregimiento de Puerto Merizalde en Buenaventura (Valle del Cauca), donde viven algunos de los afectados por la masacre y la incursión paramilitar. Estas diligencias también fueron transmitidas a Cali (Valle del Cauca), Popayán y Santander de Quilichao (ambos en Cauca).
"Apenas hemos iniciado las versiones, porque hasta el año pasado solo habíamos hecho las postulaciones de la mayoría de los que incursionaron en el Naya. Estamos en ese proceso. Desafortunadamente se suspendió porque la idea es darles garantías a todas las víctimas, debemos superar estas dificultades", dicen del despacho del Fiscal 18.
Las víctimas reclaman claridad con los hechos, más atención del Estado y reparación integral.
Por la masacre del Naya, el Consejo de Estado, luego de una acción de grupo interpuesta por más de 84 familias, condenó en octubre de 2008 a la Nación por omisión y falla en el servicio. Además, ordenó indemnizar a varias víctimas por el delito de desplazamiento.
En un pronunciamiento, la agencia Ikv Pax Christi, que acompaña a víctimas de la violencia, indicó que "es un avance significativo lo que se viene haciendo, de todas maneras son 10 años, y hay muchos asuntos por resolver en el área penal y esa es la preocupación que tienen los voceros de organizaciones indígenas que agrupan a víctimas".
Una posición que ratifica Gerson Acosta, autoridad indígena, al resaltar que esa fue una afectación colectiva. Además de la masacre se generó "un desplazamiento de más de cinco mil personas", por lo que es fundamental avanzar en la búsqueda de la verdad.
Según Acosta, "lo único que tenemos son 60 postulados que participaron en los hechos y que dan sus versiones libres. Eso es un medio avance pero falta esclarecer, nosotros insistimos en saber quiénes son los autores intelectuales, las personas que ayudaron y auspiciaron a que esta masacre se perpetrara".
Escudriñar el pasado
Es un panorama desalentador para las víctimas, pues han manifestado en varias ocasiones que no son escuchados e incluso se sienten abandonados. Algo que también expresó el coordinador de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR) regional Cauca, Jorge Vásquez.
"Ellas (las víctimas) sienten olvido por parte de las instituciones y del Estado y falta de acompañamiento en el tema de reclamación de sus derechos. La CNRR está presente trabajando con ellos en el reconocimiento de sus derechos, acompañando en las versiones libres que está haciendo el bloque Calima sobre la masacre del Naya".
Una posición que comparte la Asociación Minga, organización de derechos humanos que acompaña a algunas víctimas del Naya, que le manifestó al portal Verdad Abierta que por la masacre son investigados diez paramilitares y dos militares. Añadió que en la decisión del Consejo de Estado, 615 víctimas más fueron reconocidas después del fallo. De las 84 familias reconocidas inicialmente, 42 están pendientes de recibir la indemnización.
Y la recuperación de otros cuerpos está pendiente. Según Lisinia, la misma comunidad sigue en esta búsqueda en puntos donde creen que hay fosas, algo que hacen solos porque es una zona montañosa, llena de peñascos y con dificultades para el acceso por lo que no cuentan con el apoyo constante de la Fiscalía.
Los tres hijos de Lisinia crecieron tratando de no recordar la tragedia de su padre. Contrario a lo que hace su mamá, que se aferra a la idea de no dejar que la masacre del Naya pase al olvido, y sea una más de las 1.652 masacres reconocidas hasta ahora por los paramilitares postulados a Justicia y Paz.
Ella insiste en que seguirá trabajando por otras víctimas e insistiendo para que los desmovilizados les ayuden a conocer la verdad.
"Ellos dicen que nuestros familiares eran milicianos y guerrilleros, son cosas que molestan porque uno sabe quiénes son sus familias. Ahora, por obligación, le toca a uno regresarse al pasado, porque si no escudriñamos el en esos hechos después las muertes de nuestros seres queridos quedarían impunes".
