En el estado actual de la legislación, el papel de la Procuraduría sobra. Primero, porque desde el punto de vista penal, en un sistema acusatorio en el que la Fiscalía es la que acusa, no tiene sentido que haya otro organismo que cumpla las funciones de representante de la sociedad. Esa labor la representa cabalmente la Fiscalía. Ahí hay una duplicidad de funciones que le está saliendo supremamente costosa al país. Segundo, desde el punto de vista disciplinario, es un gigantismo sostener la Procuraduría, porque el control disciplinario de los funcionarios lo podrían efectuar las oficinas de control interno de cada una de las entidades. Habría que modificar la forma de escoger a quien ejerza ese control interno.
Ahora bien, no solo hay reparos desde el punto de vista estructural, de las funciones de la Procuraduría, sino también desde la persona que hoy desempeña el cargo. El procurador (Alejandro Ordóñez ) ha tomado decisiones que tienen más que ver con sus convicciones religiosas y políticas que con el propio derecho disciplinario. Pongo dos ejemplos: destituyó al alcalde de Medellín, Alonso Salazar, por supuesta intervención en política, pero es clarísimo que todo ello se debió a que el Procurador montó en cólera cuando el alcalde Salazar dio tanta importancia a la clínica de la mujer, y le cobró mediante una persecución de orden religioso. El otro ejemplo: a César Mauricio Velásquez, secretario de prensa de Uribe, lo exoneró por los gravísimos hechos de complot contra la Corte Suprema de Justicia, al recibir a "Job" y a representantes de los paramilitares en la Casa de Nariño. Las pruebas daban para haberle impuesto una sanción. Pero lo exoneró porque ambos participan de la misma fe.
Hay que mirar también que cuando Uribe era presidente, las decisiones que tomó Alejandro Ordóñez favorecieron a los ministros y funcionarios de ese gobierno. Pero apenas se fue Uribe, le empezó a destituir a los amigos y a los funcionarios.
El Procurador ha clientelizado y burocratizado el Ministerio Público, de forma impresionante. En este momento, por ejemplo, a él le dieron facultades para nombrar procuradores de conciliación, con muy buenos sueldos, que él ha designado a su antojo. Y allí están involucrados los funcionarios, familiares, amigos, novias, etc., de todos los magistrados de las altas cortes y de los congresistas. Y eso que la Corte Constitucional, en un fallo del año pasado, le ordenó que convocara a concurso. ¿Saben cuánto le están costando al país esos procuradores? Noventa mil millones de pesos.
Ante eso yo he propuesto una revocatoria general de todas las altas cortes. Si aquí se quiere hacer una reforma a la justicia, hay que comenzar denunciando toda esa cantidad de cosas. Una reforma con los actuales magistrados para que ellos se sigan eligiendo no tiene sentido. La Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes no los va a investigar. ¿Qué puede salvar esto? El papel de los medios de comunicación, que denuncien todo eso. Ahora con las tutelas de Petro, se van a tener que declarar impedidos doce consejeros de Estado porque tiene puestos en la Procuraduría General de la Nación. Eso es un escándalo, porque hoy el Consejo de Estado es el juez administrativo del Procurador, y hay doce personas de él allá. Y en la Corte Suprema de Justicia ni se diga. Y en el Consejo Superior de la Judicatura, y en la Corte Constitucional. Eso se volvió el cáncer más espantoso. Y así es en la Contraloría. La mermelada está allá, en los órganos de control.
El procurador quiere tener el control de todo. Ya inclusive tiene el candidato para reemplazarlo, el magistrado del Consejo Superior de la Judicatura, Wilson Ruiz, que fue subalterno suyo. Y desde ya quieren que el Defensor del Pueblo llegue a la Fiscalía. Hay una corrupción gigantesca. El problema es de raíz. Una reforma que hay que asumir debería hacerse por una asamblea constituyente, que comience por revocar a todos los magistrados de las altas cortes.
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