Durante los últimos años la minería y el sector energético han cumplido un papel determinante en el crecimiento. No en vano mucho se habla de la enfermedad holandesa que aqueja a la economía colombiana.
Aunque a raíz de la baja en los precios internacionales de los bienes básicos la minería ha mermado su impulso, aún mantiene su nivel de importancia en muchas regiones del país gracias al potencial que existe.
El auge de crecimiento tomó al sector minero sin que este estuviera debidamente preparado para enfrentarlo. Aunque recientemente se han registrado avances en el ordenamiento institucional del sector, todavía quedan muchos vacíos y falencias que impiden un desarrollo minero sostenible.
La falta de una regulación adecuada y de unas instituciones fuertes han dado lugar a diversos conflictos de orden ambiental, social y orden público que, como los ocurridos recientemente en Antioquia y en estos momentos en Santander de Quilichao, en el Cauca, muestran que la minería, en lugar de ser considerado ese aporte positivo para el desarrollo del país, amenaza con convertirse en una tragedia que solo deja pérdidas de vidas humanas y destrucción de la naturaleza.
Lamentable que el país, con un potencial minero tan grande, no logre traducirlo, por falta de fortaleza institucional para controlar y regular esta actividad, en beneficios para el desarrollo de numerosas poblaciones, donde la minería más que a riqueza está asociada a los peores flagelos y solo incrementa el grado de pobreza y descomposición social en varias regiones.
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