Hemos hablado de una "ciudad parasitada". Son permanentes las señales de control de los grupos delincuenciales, o llamados "combos", en zonas periféricas de Medellín e incluso en vecindarios centrales. Hay preguntas sobre la manera en que autoridades y ciudadanos están conteniendo a los criminales en su afán por "microextorsionar" a las diferentes comunidades de la ciudad.
Un amplio informe sobre las rentas criminales en Medellín, elaborado por este diario, reportó que las organizaciones ilegales "rentan" al año 700 millones de dólares. Por tratarse de un estudio nuestro (no desvirtuado por las autoridades), hay que precisar que hablamos de cálculos de 2010, con crecimientos del cinco por ciento anual. ¿Qué poder económico tienen hoy las bandas? Es imposible de estimar.
Se acaba de denunciar en medios informativos que, bajo intimidaciones, los grupos armados ilegales urbanos habrían logrado que se les incluya un pago "mimetizado" bajo el rubro de "seguridad" en algunas unidades del occidente de Medellín, concretamente en Belén y Robledo. Versión rechazada por el gremio de los administradores residenciales.
Queremos llamar la atención sobre la gravedad de que la contabilidad de alguna urbanización pueda estar siendo permeada por la imposición de agentes extorsivos que han logrado meterse -con amenazas, a la vida, honra y bienes de los residentes- a las cuentas rutinarias, para morder un pedazo y alimentar sus ilícitos y su control territorial.
Si Medellín cediera paulatinamente a este tipo de prácticas, entonces asistiríamos a la legitimación del crimen (la microextorsión) y de los criminales (sus agentes) como si se hubiesen convertido en paisaje urbano cotidiano. Podríamos decir, peligrosamente, retomando el poema Cuando los nazis vinieron por los comunistas, que, poco a poco, los extorsionistas han venido por cada uno de los integrantes del circuito productivo y económico y nadie ha hecho nada. Según la asociación local de comerciantes, e incluso un estudio de mayo de 2013 de El Colombiano sobre las rentas criminales del Valle de Aburrá, hoy en el Área Metropolitana pagan "vacuna" desde los vendedores de confites de las esquinas hasta los viejitos expendedores de tintos del centro de Medellín.
Informes preliminares hablan de supuestos pagos de entre 300 mil y 700 mil pesos por parte de administraciones residenciales, o sus inquilinos, a grupos y personas que proveen "seguridad". Hay denuncias, incluso, de disparos a casetas y bloques de apartamentos para presionar pagos.
No se trata de alimentar un clima de zozobra y sobredimensión de las amenazas de las bandas. Pero mal haríamos en no señalar que estas denuncias sobre la sofisticación de la delincuencia conmocionan. Sobre todo si se advierte que la gente de bien y sus actividades, por miedo a denunciar tales delitos, estuvieren aceptando incorporarlos en su "canasta de gastos".
Es imperativo definir metas en dos sentidos: que autoridades civiles y de policía desplieguen sus mejores métodos de inteligencia para neutralizar a los extorsionistas. Y que, al tiempo, los ciudadanos entiendan que si no hay denuncias concretas, formales y oportunas, pues no habrá posibilidad de judicialización de los crímenes y sus autores y que, por consiguiente, no habrá recursos ni figuras judiciales para evitar que se roben la plata de las billeteras y salas de viviendas y establecimientos.
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