La Fiscalía no se deja presionar de los defensores ni de los imputados ni de los delincuentes.
Así respondió la fiscal General de la Nación, Viviane Morales, a la carta que le enviaron a la Corte Suprema de Justicia los integrantes del grupo Nule: Miguel, Manuel y Guido Nule, y su socio, Mauricio Galofre, donde anuncian su decisión de no colaborar más con la Justicia, hasta cuando la Fiscalía les resuelva el principio de oportunidad (Ley 906 de 2004) al que aspiran.
En la misiva, los miembros del Grupo Nule también le solicitan al alto tribunal aplazar la diligencia que se tiene prevista para hoy.
La segunda respuesta de la Fiscalía fue más dura.
En radio Caracol, la fiscal Viviane Morales reveló además que se vienen adelantando reuniones con representantes de la justicia estadounidense con el fin de ubicar los bienes que tienen los Nule en este país, para lograr su posible embargo.
Continúa la acción penal
Diversos penalistas aseguraron que desde que existe el nuevo sistema penal acusatorio (2004), de los más de dos millones de noticias criminales que se tienen conocimiento, solo el 0,36 por ciento se ha resuelto mediante el principio de oportunidad. Si la tendencia se mantiene, en el proceso que se sigue contra los Nule existe la alta probabilidad de que este acuerdo no se logre.
Los juristas también explicaron que quienes más pierden con la decisión de no seguir colaborando con la Justicia por el carrusel de la contratación en Bogotá, son los mismos Nule, porque la acción penal contra ellos sigue su curso.
"Lo que ellos están diciendo es que no van a darle dedo a nadie porque están buscando una hipotética aplicación del principio de oportunidad, pero eso no significa que el proceso contra ellos se vaya a detener", explicó Fernando Velázquez, profesor de derecho penal de la Universidad Sergio Arboleda.
Velásquez agregó que solo el fiscal del caso es quien evalúa si la colaboración que ellos han hecho con la justicia ha sido eficaz para desvertebrar toda las organización delictiva que desfalcó al país, para que en últimas cese contra ellos la persecución penal.
Así las cosas, la decisión de recibir beneficios penales a cambio de "las tablas cantadas" está en manos de la Justicia y no en los contratistas acusados.
"El hecho que ellos se nieguen a continuar colaborando con la justicia a los únicos que perjudicaría, en la práctica, es a ellos mismos, porque el Estado sigue con su investigación y van a terminar con una condena sin ningún tipo de renuncia a la persecución penal", dijo Juan Carlos Vásquez, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Medellín.
Pico y Placa Medellín
viernes
2 y 8
2 y 8
