Una caja fuerte, instalada en la empresa Valores Incorporados, en Bogotá, es el símbolo de la captación presuntamente irregular de dinero que a través del Fondo Premium Capital efectuaron Juan Carlos Ortiz Zárate y Tomás Jaramillo Botero, quienes encabezan la lista de 27 empresas y 30 personas naturales a las que la Superintendencia de Sociedades les embargó sus bienes, para que respondan a los inversionistas que habrían resultado defraudados.
Fuentes gubernamentales le dijeron a este diario que el Fondo Premium -a través del cual se captaron 175 millones de dólares, o sea más de 332.000 millones de pesos- es el corazón de la crisis del Grupo Interbolsa y, además, podría convertirse en el pasaporte que lleve a la cárcel a los responsables de este colapso financiero.
Según la fuente oficial -que prefiere mantener la reserva- la captación ilegal de dineros es el delito más grave en toda la crisis de Interbolsa y tiene penas severas". Según el Código Penal, esto puede dar prisión entre 120 y 240 meses, amén de multas equivalentes a 50.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Esa pena, reza la misma norma, podría aumentarse hasta en una cuarta parte, si para esa captación masiva y habitual de dinero se utilizan medios de comunicación social u otro de divulgación colectiva.
Fuentes de la Supersociedades le indicaron a este diario que para hacer legalmente esas captaciones se requiere el cumplimiento de unos requisitos que pueden tardar hasta dos años. Eso no lo hicieron los creadores del Fondo Premium, que controlaban además firmas como Rentafolio Bursátil y Financiero y Valores Incorporados. Al contrario, dice la fuente estatal, "aquí lo que hubo fue el montaje de una estructura con visos de legalidad, pero destinada a defraudar a los inversionistas, usando para ello paraísos fiscales que hacían más opacas las empresas, con débiles gobiernos corporativos y con el claro propósito de esconder a los controlantes finales, que eran Ortiz y Jaramillo".
La investigación realizada por la Superintendencia de Sociedades sobre la caja fuerte que estaba en Valores Incorporados, estableció que entre los años 2006 y 2012 un total de 95 personas entregaron dineros en efectivo para desarrollar una inversión en el Fondo Premium y 120 efectuaron retiros.
El organismo afirma (en documento que los lectores pueden leer en nuestra edición en internet) que la forma como se hacían los registros impide saber quién depositaba el dinero. "Lo anterior se constata en las consignaciones realizadas en Bancolombia, por terceras personas en los convenios de Interbolsa, con la sociedad Valores Incorporados SAS bajo el concepto "dinero para invertir", donde no figura la identidad de las personas que aportaron los recursos, como se aprecia en el material probatorio allegado por Bancolombia a la Superintendencia Financiera".
El documento oficial de la Supersociedades, que dirige Luis Guillermo Vélez Cabrera, señala que "los archivos que dan cuenta del manejo de la caja fuerte se encontraban en el computador de la señora Claudia Aristizábal, directora Administrativa de la sociedad Valores Incorporados SAS, quien a su vez, ostentaba la calidad de Gerente de la sociedad Andean Capital Markets y quien afirmó desempeñar algunas funciones para la sociedad Premium Capital Investment Advisor".
Empleados de estas empresas, y particularmente de Valores Incorporados, le manifestaron a la Supersociedades que allí no se movía un peso sin autorización de Ortiz y Jaramillo.
Esas y otras evidencias, llevaron a la Supersociedades a afirmar que "es evidente que las operaciones de la sociedad Valores Incorporados SAS dependen de la voluntad de los señores Tomás Jaramillo y Juan Carlos Ortíz Zárate ".
El dinero en riesgo por las operaciones efectuadas por el Fondo Premium es de 175 millones de dólares. Extraoficialmente se calcula que la mitad están hoy perdidos, pues corresponden a créditos sin suficiente garantía real.
De ahí la importancia del embargo masivo que decretó ayer la Supersociedades, que sumado a otros del mes de mayo, limitan la posesión y usufructo de los bienes de 27 empresas y 24 personas naturales, en una lista en la que se destaca el empresario Victor Benjamín Maldonado Rodríguez, a cuyas empresas habrían ingresado 122.000 millones de pesos de los captados irregularmente.
En una breve declaración de prensa, divulgada a través de la oficina de Comunicaciones que lo asesora, Juan Carlos Ortiz Zárate manifestó lo siguiente:
"Desde que se presentó el descalabro de Interbolsa en el que se ha demostrado no tuve ninguna participación, he estado dispuesto a colaborar para ayudarle a la Supersociedades, la Superfinanciera y la Fiscalía General de la Nación, en la medida de mis posibilidades, a esclarecer estos hechos.
En el mismo sentido, me he reunido con los grupos de abogados que representan a personas que fueron perjudicadas en esta situación por lo ocurrido específicamente con el Fondo Premium, para aclarar cualquiera de estos temas. Cuentan con toda mi voluntad, además de mis bienes y capacidades para buscar una solución efectiva y pronta a esta situación".
No obstante, este diario supo que a Juan Carlos Ortiz, Tomás Jaramillo, Rodrigo Jaramillo Correa, Jorge Arabia y Víctor Maldonado Rodríguez, entre otros, les decretarían la "muerte comercial".
Pico y Placa Medellín
viernes
0 y 6
0 y 6
