El contralor de Bogotá Diego Ardila aseguró que $6.738 millones se perdieron por la modificación extraordinaria del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), que había decretado el entonces alcalde Gustavo Petro.
"Lo único que aportó el POT decretado fue incertidumbre jurídica para la ciudad", aseguró Ardila. También explicó que el decreto que se presentó no hacía modificaciones al antiguo plan sino que se trataba de uno completamente distinto.
Diego Ardila aseguró que en su momento se le había advertido a la administración distrital los riesgos de pérdida de la inversión en el proceso de modificación del Plan.
Las consecuencias según el Contralor de que el Consejo de Estado haya detenido la ejecución del POT están en que se dejarán de recaudar impuestos, se pararán los proyectos que se licenciaron con el nuevo decreto, consecuencias que no contribuyen al desarrollo de Bogotá.
Por último, añadió que la competencia de determinar si era necesario o no un nuevo POT para la ciudad era del Concejo de Bogotá y no del alcalde en su momento.
Además, que el plan de desarrollo de Bogotá Humana debió sujetarse para su ejecución de mediano y largo plazo al plan que estaba vigente en ese momento.
Como informó ayer El Colombiano, el Consejo de Estado suspendió de forma provisional los efectos del Decreto que modificó el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Bogotá, expedido por el entonces alcalde Gustavo Petro.
El Consejo estimó que, de acuerdo con el artículo 313 de la Constitución Política, la competencia para reglamentar el uso del suelo recae en cabeza del Concejo Distrital.
Además de las pérdidas económicas, la determinación le pone freno al actual alcalde (e), Rafael Pardo, quien no podrá ejecutar ninguna orden.
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