Uno a uno, recibirán acompañamiento y asesoría los alcaldes de los 26 municipios antioqueños reportados por la Contraloría por superar, el año pasado, los topes de gastos de funcionamiento establecidos por la ley de ajuste fiscal.
La notificación fue planteada por la secretaria de Planeación, María Eugenia Ramos, quien sostuvo que se hará un exámen individual para establecer las causas reales de cada situación y ver cómo se aborda el proceso. "La solución no es generalizada, lo haremos alcalde por alcalde para conocer las debilidades, trabajar de la mano y mirar el tipo de apoyo que requieren", anotó.
Habrá problemas comunes -explicó- y se fortalecerá la gestión de recaudo, pero hay otros que sí son particulares, como la falta de actualización catastral o prediales sin cobrar por mucho tiempo, ante lo cual el mensaje es de apoyo para sacarlos de esta inviabilidad.
La situación fue cuestionada por el diputado Juan Esteban Villegas, quien afirmó que es preocupante que tantos municipios incumplan la Ley 617, porque eso deriva en una altísima fragilidad fiscal y genera problemas en la institucionalidad, la gobernabilidad y en lo que se debe destinar a inversión social.
Pero reclamó que ya hay otros 12 municipios sujetos a un programa de ajuste fiscal y saneamiento financiero, ordenado por la Asamblea en la Ordenanza 21 de diciembre del año pasado. "Esto en lugar de reducir, está creciendo, y debe concitar a la acción de las instituciones para ver cómo contener una situación recurrente cada año", afirmó, tras expresar que es un mal mensaje para la descentralización en el país.
Martha Hernández Orozco, alcaldesa de Valparaíso, uno de los municipios reportados por la Contraloría, dijo que no ve un panorama muy alentador para este año, porque además de no cumplir la Ley 617, recibió un déficit fiscal de 100 millones de pesos de cuentas por pagar causadas y legalizadas sin el debido presupuesto.
Fuera de eso -añadió- en noviembre se hicieron retiros en el Idea por 400 millones de pesos para el pago de deuda pública, que tampoco estaban presupuestados. Para completar, su municipio tiene embargos por bonos pensionales de empleados jubilados en 2004 y 2005, por 140 millones de pesos.
Su colega de Abriaquí, Luis Alfonso Salas, anotó que su problema es más complejo porque tiene un déficit fiscal muy alto y una deuda pública muy vieja, la cual no está contemplada en el presupuesto para su pago. Para cuantificar el déficit -dijo- se tendrá que gestionar la información en entidades como la Dian, Caprecom, Bienestar Familiar y Corpourabá.
Ambos coincidieron en que la situación les limita su tarea de gobierno, pero que darán la lucha para cumplir la ley de racionalización en sus mandatos.
Pico y Placa Medellín
viernes
2 y 8
2 y 8
