No son las estadísticas por sí solas, sino los hechos conexos desplegados por varias regiones del país, los que terminen por hacer entender al Gobierno que el tema de seguridad ha entrado en un deterioro galopante que será mejor enfrentar, como lo dijo el Presidente Santos durante su posesión, "por la razón o por la fuerza".
No será sobre los cadáveres de los 12 soldados asesinados en La Guajira que alentemos una polémica de si se está haciendo política con los ataques terroristas de las Farc.
Lo que es evidente, y no de ahora, es que el Presidente Juan Manuel Santos quiera desconocer una realidad que desborda las fronteras.
La presencia de las Farc en Venezuela, la protección que allí reciben varios de sus más altos representantes y la poca colaboración que se recibe de Caracas para combatirlos, son hechos denunciados por Colombia ante la comunidad internacional, pero curiosamente "olvidados" después del restablecimiento de relaciones entre los dos "nuevos mejores amigos".
Ahora nos vienen a decir que sí es cierto que hace tiempo se refugia en Venezuela el frente 59 de las Farc que atacó a los soldados en zona rural de Maicao. No sólo es ese frente, sino muchos otros que atacan desde allí en la zona de frontera con Arauca y Norte de Santander. El problema es que no hay peor sordo que aquel que no quiere oír.
Y mientras el Presidente Santos no quiera escuchar, alguien tendrá que decírselo.
Y no resulta sensato que quienes nos atrevemos a hacerlo seamos tildados de hacer parte de una extrema derecha que busca la desinstitucionalización del país.
Todo lo contrario. La preocupación es precisamente eso. Que no reconozcamos a tiempo que hay una amenaza terrorista que combina todas las formas de lucha para socavar el poco espacio de seguridad que se había recuperado en los últimos años con la Política de Seguridad Democrática.
Lo que viene ocurriendo en buena parte de Colombia no es un asunto de percepción ni, menos, un embeleco del expresidente Álvaro Uribe, quien ha venido llamando la atención sobre el deterioro en la seguridad.
No dudamos del compromiso de nuestra Fuerza Pública, pero tampoco del ambiente de pesimismo y desmotivación que hay en una parte de ella por la forma en que viene actuando el Gobierno frente a las guerrillas, las bacrim y la delincuencia organizada.
No basta con estar a la ofensiva, como lo pide el Presidente Santos, para poner a salvo la institucionalidad del Estado. No es diciéndole al Ejército que se están buscando acercamientos con las Farc, a instancias de Venezuela, como vamos a evitar que sea desde allí, precisamente, desde donde se ataca a la Fuerza Pública.
Es ingenuo, por decir lo menos, creer en las palabras de Chávez. Sobre todo, si son para decir que actuará con mano firme para combatir a los grupos armados ilegales, en especial las Farc y el Eln.
A menos que Santos, tal como lo hemos advertido en otros editoriales, tenga una información que el país no conoce, y debería conocer.
¿Por qué no se sabe aún, según el Gobierno, quiénes fueron los autores del atentado contra el exministro Fernando Londoño? ¿Por qué se quiere confundir al país asegurando que puede ser la extrema derecha o la extrema izquierda?
Los más beneficiados con semejante confusión son los propios terroristas de las Farc y quienes los auxilian, dentro y fuera de Colombia.
Ya quisiéramos ver tanta vehemencia entre los defensores de oficio del Presidente Santos para reclamar respuestas de su gobierno y de Venezuela frente a estos hechos tan graves, que no nuevos.
Y no es que queramos que el Gobierno cambie de agenda. Es que necesitamos que cambie de agenda en el tema más importante para el país como es el de la seguridad.
Sin ella, todo el terreno ganado en materia de inversión, crecimiento económico, reducción de la pobreza y generación de empleo, se perderá, y lo coparán los violentos.
Es hora de que el Presidente Santos escuche lo que la gente de a pie dice más allá del Palacio de Nariño o de la Casa de Huéspedes Ilustres en Cartagena.
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