Hace poco leí una noticia en la sección económica de El Colombiano en la cual se hacía referencia a que el negocio de la vigilancia y la seguridad privada (VSP) había entrado en las “ligas mayores” debido al altísimo nivel de ingresos del sector, incluso –decía el feliz redactor- supero el ingreso de los floricultores. En principio puede tomarse como una noticia buena, pero analizando con frialdad, el asunto es más bien para preocupares, pues más que implicaciones económicas, que las tiene al ser un sector que crea empleo, las implicaciones sociales y sobre todo las institucionales son más cuestionables.
Las cifras de la supervigilancia son elocuentes, en enero de 1994 se registró un total de 763 servicios de VSP, entre empresas de VPS con armas, departamentos de seguridad, empresas transportadoras de valore, desde entonces el sector ha crecido en actividad y a agosto de 2007 los servicios de VSP se encuentran conformados por 3511 servicios, lo que representa un crecimiento del 360%, con un crecimiento promedio anual de 15%. Estas cifras riñen con muchos aspectos de los que, ingenuamente creí, implicaba la política de seguridad democrática del Gobierno.
Detrás del explosivo crecimiento y de lo lucrativo del negocio de la VSP está el problema de un Estado fallido que no ha sabido dar seguridad y defensa a sus ciudadanos, es el ejemplo de un Estado donde el delito en contubernio con la inoperancia de la justica y, en consecuencia, la impunidad, han llevado a la sustitución de parte la defensa, como bien público, por un bien privado (muy parecido a la autodefensa pero regulado) que no solo es costoso sino, en ocasiones, de utilidad limitada.
En Europa, la vigilancia privada visible es muy poca, las unidades residenciales o edificios tienen, como mucho, un conserje armados con balde y trapeadora, los bancos tampoco tienen el servicio y en contadas ocasiones se encuentra en centros comerciales, claro sin más armas que un perro. La seguridad privada está destinada al transporte de valores o actividades muy específicas. En Colombia, por el contrario hay vigilancia privada en los hospitales, las escuelas, centros comerciales, salas de cine, cadena de almacenes, bancos y en universidades (inútil y costoso, sobre todo en las públicas).
Una sociedad con unas instituciones fuertes no necesita de estas empresas (al menos no en nuestra dimensión) salvo para transporte de valores y otras cositas, pero no para tener un vigilante en la puerta de cada edificio 24 horas, 7 días a la semana. Este es un problema que surge de la debilidad de las instituciones, muy común en países en desarrollo. No es extraño que Prosegur y Securitas (dos compañías españolas, entre otras) quieran invertir en Colombia, por supuesto que para ellos es un buen negocio, pero para nosotros es señal de que nuestra vida cotidiana (un negocio muchas veces difícil) está en permanente amenaza y, al parecer por las cifras de atracos y homicidios, sin esperanza de mejorar.
