Gota a gota, pero con el objetivo de abrirle una tronera a la Ley de Justicia y Paz y, de carambola, golpear al Gobierno anterior, el país ha vuelto a entrar en el macabro juego que le plantean algunos exjefes paramilitares; es decir, quienes han cometido más crímenes y dicho más mentiras contra la paz de Colombia. Los mismos que por burlar la ley hoy están extraditados en Estados Unidos, unos; o en cárceles colombianas, otros.
De nuevo, los pájaros tirándoles a las escopetas. Que hubo farsas y mentiras en el proceso de desmovilización de los grupos de autodefensa, claro. De eso dan fe sus propios jefes. Fueron ellos los que hicieron los listados de los postulados y si hubo trampas, que con seguridad las hubo, son ellos los que deberán responder.
Acaso se nos olvida que fueron los Castaño, los Mancuso, los Macaco, los Rendón y Cía. quienes vendieron franquicias de paras a narcotraficantes de toda pelambre para conseguir beneficios del Gobierno. Claro que nos pudieron meter muchos goles, pero la buena fe de la administración Uribe no está en discusión.
Es muy fácil que hombres como Freddy Rendón, alias el Alemán, salgan a decir ahora, siete años después y quién sabe con qué intenciones, que la desmovilización, en 2003, del bloque Cacique Nutibara en Medellín fue una farsa. En ese proceso, como en tantos otros, incluso con las guerrillas, seguramente hubo colados y engaños a la ley. Pero de ahí a vender la idea de que todo ha sido torcido, y que el culpable es el Gobierno anterior, ni más faltaba.
La Ley de Justicia y Paz, que es el marco jurídico que sustenta la desmovilización de paras y guerrillas, no es perfecta. No tendría cómo serlo. Empezando porque se dio en medio del conflicto. Fue un proceso de inicio, no de llegada, en el desmonte de las estructuras paramilitares. Con un factor de desequilibrio adicional y sui generis dentro de un proceso de negociación: el narcotráfico.
Si algo hay que abonarle a esta Ley es que permitió conocer una generación de narcotraficantes y paramilitares que Colombia desconocía y que, en consecuencia, no le quedaba fácil al Gobierno distinguir entre unos y otros. Para eso está la justicia y es allí donde se tendrá que establecer quién dice la verdad.
Mientras eso sucede, el país debe salvaguardar las cosas positivas que ha dejado la Ley de Justicia y Paz. Que de unos 40 mil desmovilizados, entre paras y guerrilleros, sólo el 10 por ciento haya regresado a sus actividades ilícitas es un hecho sin precedentes, que obliga a salvaguardarla y defenderla, sin que eso impida seguir en los ajustes que necesita.
El reconocimiento internacional sobre los avances y las bondades de dicha Ley, en especial en organismos tan importantes como la ONU, la Unión Europea y la Corte Penal Internacional, no puede dejarse en manos de sus principales violadores.
Haría bien este Gobierno, en cabeza de quien fuera Ministro de Defensa de la Administración Uribe, en salir a fijar una posición clara sobre tan delicado tema, pues no sólo está en juego la credibilidad de un proceso de desmovilización, sino la institucionalidad de Colombia. Tan peligrosas como las mentiras del Alemán es el silencio de quienes tienen sobradas razones, y el conocimiento directo, para desmentirlas, pero no lo hacen.
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