La Procuraduría General de la Nación interpondrá una demanda de casación contra el fallo del Tribunal Superior de Bogotá que, el pasado lunes, ratificó la sentencia a 30 años de prisión contra el coronel retirado Luis Alfonso Plazas Vega, por las desapariciones forzadas de dos personas.
En un comunicado, el organismo indicó que "considera que el Tribunal erró gravemente al condenar a Plazas Vega con ausencia de certeza para hacerlo, especialmente, en lo referente a los requisitos planteados para la atribución del delito de desaparición forzada, en cuanto al dolo y la acción".
En esta orilla del debate jurídico se ubicó el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, al reiterar que la Corte Penal Internacional (CPI) no tiene atribuciones para juzgar los hechos del Palacio de Justicia ni al expresidente Belisario Betancur Cuartas, como lo solicitó el Tribunal Superior de Bogotá en su sentencia contra Plazas Vega.
"No hay lugar a que se proceda a investigar al expresidente Betancur por muchísimas razones, pero entre otras, por un aspecto formal, porque la Corte Penal Internacional solo tiene atribuciones para investigar hechos que ocurrieron con posterioridad a la suscripción del Tratado de Roma", firmado por Colombia en 2002.
La misma apreciación sobre la incompetencia de la CPI la comparten el abogado del coronel Plazas Vega, Jaime Granados, quien insistirá con este y otros argumentos para apelar el fallo ante la Corte Suprema de Justicia y el exguerrillero del M-19 y actual secretario de Gobierno de Bogotá, Antonio Navarro Wolff: "eso no es viable porque no se puede investigar ni procesar por delitos anteriores a la firma de ese tratado que da origen a la CPI".
A esa interpretación legal se oponen Jorge Molano, defensor de familias de desaparecidos y el exministro de Justicia, Carlos Medellín, hijo del magistrado del mismo nombre, muerto durante la toma del Palacio. Ambos coinciden en que, si bien el delito de la desaparición forzada fue tipificado en Colombia en 2000, adquiere vigencia hasta hoy porque 11 personas continúan desaparecidas, es decir, que la conducta punible sigue cometiéndose. Otro de los que defiende esta tesis es el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia e integrante de la Comisión de la verdad, Jorge Aníbal Gómez.
Preocupación de Estado
El Gobierno Nacional también se manifestó por las implicaciones del fallo.
"Nuestra preocupación obedece a que, a juicio del Tribunal, las actuaciones que se han surtido ante la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes, que ya en tres ocasiones, y luego de la respectiva investigación (contra el expresidente Belisario Betancur), decidió archivar el caso, no tienen naturaleza judicial sino política", señaló el ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra. El vicepresidente Angelino Garzón criticó la decisión judicial. "Nos parece completamente desproporcionado, lo digo con el mayor respeto por la autonomía de la justicia, solicitar a la Corte Penal que se investigue al expresidente Betancur".
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